El proceso para la tenencia y portación de armas de fuego legalmente en Puerto Rico será más fácil, si se aprueba una propuesta del senador Carmelo Ríos a esos fines.

Con el proyecto 2462, el legislador del Partido Nuevo Progresista (PNP) se propone atemperar la Ley de Armas de Puerto Rico de acuerdo con lo resuelto por la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso de ‘McDonald Vs. City of Chicago’ sobre el derecho de tener y portar armas como uno fundamental y constitucional para todos los ciudadanos estadounidenses.

Según Ríos, la ley en Puerto Rico es la más restrictiva de todos los estados y territorios de Estados Unidos.

‘Llevo dos años diciendo que ley de Puerto Rico no cumple con las disposiciones federales establecidas por diferentes casos… es inconstitucional’, indicó Ríos, en referencia a que se establece como tal el derecho a la defensa. ‘No hay razón por la cual los puertorriqueños tengan menos derechos que el resto de los ciudadanos americanos’, sostuvo.

Con la nueva legislación, los puertorriqueños que quieran portar armas no solicitarán licencia, sino un carné o documento que certifica públicamente que no se ha cometido delito grave y no se encuentra impedido de ejercer este derecho.

Además, ‘se elimina el discrimen por razón social económica’, pues los procesos que con la actual ley pueden costar hasta miles de dólares, ahora significarán una inversión $20 en la primera ocasión que se otorga el permiso, con vigencia de seis años, y cada renovación, $10.

Por otra parte, se faculta al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) el manejo de licencias, a través de los ya atestados CESCO, liberando a la Policía de esta gestión.

Ríos justificó esta parte al considerar que los CESCO son los centros que tienen la mejor información sobre cada ciudadano, así que, a pesar de la falta de capacidad demostrada en estos días para atender las gestiones que actualmente realizan en la otorgación de licencias de conducir, entiende que podrán manejar las nuevas demandas.

Tampoco serán necesarias las declaraciones juradas y entrevistas por policías a tres vecinos sobre el comportamiento y común proceder de la persona que interesa el permiso.

‘Estamos sacando a la Policía del período de investigación porque yo creo que está mal utilizado este recurso. Si yo no tengo una investigación porque he cometido un delito, por qué tienen que ir a preguntarle a un vecino, ajeno a mí, si yo puedo ejercer mi derecho?’, abundó. ‘Si tú quieres tener el derecho a portar armas, nadie debe impedírtelo. Si no lo quieres ejercer, es tú derecho, pero no puede ser el derecho condicionado a que la Policía, un vecino o un gobierno plantee algunos derechos para unas cosas y dentro de la misma constitución viole otros’, añadió, negando que se trate de una medida de armar a la gente ante el aumento en la criminalidad, que las autoridades gubernamentales no han podido detener.

El nuevo proyecto tiene todos los delitos de la ley 400-200, pero incorpora nuevos delitos, como el obtener el permiso mediante treta o engaño, lo que conllevaría una pena fija de seis años. También tipifica el delito de conspiración para el tráfico ilegal de armas de fuego y municiones con una pena fija de 30 años.

Una ciudadana a favor del proyecto

‘Cuando usted va a comprar un cuchillo, le piden ver sus antecedentes penales?’ Con esta premisa, la ciudadana Janette Acevedo se expresó en favor de la propuesta del senador Carmelo Ríos para legislar una nueva ley para la posesión de armas de fuego que facilitaría la tenencia y portación.