La OIG también señaló la ausencia de auditorías periódicas al sistema y la falta de acceso independiente por parte de la Comisión para validar la información generada.

Un informe de la Oficina del Inspector General de Puerto Rico reveló deficiencias en los controles, supervisión y fiscalización del sistema electrónico de apuestas hípicas administrado por la Comisión de Juegos, trascendió el miércoles.

El informe identificó que la Comisión no presentó evidencia de una aprobación formal, separada y vigente del Sistema Electrónico de Apuestas y de su operador desde 2011, lo que limita la validación del cumplimiento con los requisitos reglamentarios.

Según el documento, el sistema es utilizado para procesar y registrar las apuestas en carreras de caballos, por lo que su supervisión resulta clave para garantizar la transparencia de las transacciones en la industria hípica.

La OIG también señaló la ausencia de auditorías periódicas al sistema y la falta de acceso independiente por parte de la Comisión para validar la información generada, lo que restringe su capacidad de fiscalización continua.

El análisis comparativo con otros sistemas regulados evidenció que, a diferencia de estos, el sistema de apuestas hípicas carece de procesos documentados de autorización y herramientas para corroborar la información de forma independiente.

Asimismo, el informe identificó debilidades en los controles de pago de premios, al no requerirse en la mayoría de los casos la verificación de identidad de los reclamantes, así como la falta de registros estructurados sobre reclamaciones de boletos.

La OIG también destacó áreas de mejora en la administración del Fondo de Crianza y Mejoramiento, incluyendo la ausencia de una estructura administrativa formal y mecanismos adecuados de control.

Ante los hallazgos, la agencia recomendó fortalecer los controles internos, actualizar reglamentos, mejorar la supervisión tecnológica y establecer procesos formales de documentación y capacitación del personal.

Aunque la Comisión de Juegos presentó comentarios en los que planteó que algunas de las prácticas señaladas no están expresamente requeridas por la normativa, la OIG concluyó que las deficiencias representan riesgos en la administración y fiscalización de las operaciones.

El informe, identificado como OIG-E-26-004, es público y forma parte de las acciones de fiscalización de la agencia para reforzar la sana administración pública.