En julio de 2025, Francisco Quiñones Rivera le informó a la empresa sobre la intención de cancelar el contrato que tenía vigencia hasta el 2028 con valor de $73.7 millones.

El secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Francisco Quiñones Rivera, reconoció que la empresa Physician Correctional continúa ofreciendo los servicios a pesar de que en julio de 2025 se le notificó sobre la intención de cancelar el contrato.

Quiñones Rivera admitió que aún no se ha escogido a un nuevo proveedor para atender las necesidades médicas de los confinados.

“Ya tenemos diseñado lo que serán las entrevistas o las disposiciones que le daremos a cada uno de los 12 proveedores de salud. Se les dará una hora para que presenten la propuesta que sometieron por escrito y el comité tendrá una hora adicional para formular preguntas”, explicó Quiñones Rivera.

El pasado julio, Physician Correctional sometió una reclamación judicial de frenar las intenciones de DCR y, a su vez, que se suspendiera el proceso para encontrar un sustituto.

Sin embargo, la jueza superior Thainie Reyes Ramírez, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, desestimó una solicitud de interdicto que presentó Physician H.M.O., Inc.

Physician Correctional argumentó que la Notificación de Cancelación por Justa Causa del secretario Quiñones Rivera es ilegal y constituye una violación a la libertad de expresión. Según la empresa, la cancelación fue una promesa de campaña que hizo la gobernadora Jenniffer González Colón en respuesta al apoyo económico que los dueños de Physician Correctional brindaron a Pedro Pierluisi Urrutia, entonces candidato en las primarias del PNP.

El contrato de Physician Correctional tenía vigencia hasta el 2028 con valor de $73.7 millones.

“La intención original de los abogados de Physician era que se detuviera el proceso cuando le notificamos la intención de que íbamos a dar por terminado ese contrato. No tuvieron éxito en esa gestión y, desde entonces, hemos seguido trabajando con las propuestas. Ahora estamos citando a los 12 proveedores para una presentación oral”, explicó el Secretario sin precisar cuando.

Quiñones Rivera sostuvo que la demanda de Physician Correctional está en manos del Departamento de Justicia.

“Physician Correctional continúa porque lo que se le notificó fue la intención de cancelar su contrato, mientras tanto tienen y han continuado ofreciendo los servicios. Los confinados no se quedarán sin sus servicios médicos En su momento, habrá una transición organizada”, destacó.

El Secretario recalcó que están vigilantes a los desempeños de Physician Correctional mientras se completan los procesos para escoger otro proveedor. Asimismo, evitó pasar juicio públicamente sobre la empresa que estuvo en medio de la controversia por la liberación de Hermes Ávila Vázquez, quien fue luego imputado por el asesinato de Joan Ivette Meléndez Vega en el 2024.

“Estamos supervisando, manejando lo que es el trabajo de ellos (Physician Correctional) dentro del sistema. Hacer expresiones categóricas sobre qué evalúo o encontrado no lo haré. Estoy satisfecho con lo que estamos haciendo para asegurar que los confinados y confinadas en las instituciones tengan el mejor servicio de salud y por eso le informamos a Physician Correctional que tenemos la intención de cancelar su contrato”, concluyó.