«Los maestros no pueden ser obligados a utilizar su propiedad privada para asuntos del Departamento de Educación», dijo el presidente de la Asociación de Maestros, Víctor Bonilla.

La Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR) ha insistido al Departamento de Educación su oposición a tener que utilizar el teléfono celular privado de los educadores como paso inicial para registrar su asistencia en una plataforma digital.

En una carta de hoy firmada por su presidente, Víctor Bonilla y dirigida al secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, plantea que con la propuesta de la agencia se está violando el derecho constitucional de los maestros sobre su propiedad privada. También le exige una reunión de emergencia para atender el asunto.

El pasado 12 de diciembre Bonilla le indicó al Secretario en otra carta que se oponía a que docentes tuvieran que instalar la aplicación Microsoft Authenticator en sus teléfonos celulares (propiedad privada y pagada con fondos privados) como medida de seguridad para que los maestros accedieran a la plataforma electrónica de Educación para registrar la asistencia y también las notas de los estudiantes y realizar otras gestiones.

Aunque la AMPR, con esa carta del 12 de diciembre logró detener el proceso al levantar objeciones, el 28 de enero Educación publicó otro memo nuevamente requiriendo la instalación de la aplicación o, como alternativa, también usar el teléfono pero para realizar una llamada o utilizar el servicio de mensajería de texto.

“Los maestros no pueden ser obligados a utilizar su propiedad privada para asuntos del Departamento de Educación. De igual forma, tenemos maestros que no poseen celulares inteligentes, así como docentes cuyo dispositivo no tiene la capacidad necesaria para operar Microsoft Authenticator”, expresó Bonilla en su carta de hoy. El líder gremial sostiene que la agencia tiene la obligación de proveer una alternativa que no requiera el uso del teléfono privado.

Bonilla igualmente señaló que Ramos Parés indicó, en una reunión el 2 de diciembre que existía una alternativa utilizando el correo electrónico. No obstante, el memorando del 28 de enero no menciona esa alternativa.