Jenniffer González respondió a los reclamos por el proyecto del impuesto al inventario.
Jenniffer González respondió a los reclamos que expresaron públicamente algunos alcaldes por el proyecto del impuesto al inventario.
La gobernadora advirtió que los alcaldes no pueden estar, por un lado, procurando ayuda económica del Gobierno Central y, a la misma vez, gastando dinero en festivales, aumentos de salarios y viajes fuera de Puerto Rico.
“Hay municipios que están en una situación fiscal donde el Estado ha tenido que intervenir con unas ayudas y, sin embargo, días después hacen festivales con gastos que no se presupuestan”, dijo González Colón.
“Creo que nosotros debemos tener balance. No puede ser el Estado con los fondos de la gente —porque los fondos no son del gobierno, son los que la gente paga en contribuciones—, y entonces se le ayuda a un municipio y meses después o les aumentan el salario a los empleados, o se van de viaje, o hacen festivales que no equiparan la gravedad de la situación fiscal de su municipio. Y esas cosas hay que tenerlas en balance. Así que los municipios, evidentemente, pueden tomar algunas acciones”, agregó.
González Colón mencionó que todavía no recibido a la mano el proyecto que congela por tres años el impuesto al inventario y que, después de cumplido el plazo, se elimina. Se supone que algunos alcaldes se reunirán con el liderato legislativo para auscultar una alternativa.
“La plataforma de gobierno habla específicamente de la congelación del impuesto al inventario por cinco años y que, al quinto año, el gobierno tiene que buscar la manera de resarcir cuánto dinero dejarían de ganar los municipios por este impuesto. Así que no se elimina, se busca una manera que el gobierno identifique cómo lo sustituir, que pudieran ser $300 millones”, explicó.
El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, anunció la aprobación, a viva voz, del Proyecto de la Cámara 420 el cual congela el Impuesto a la Propiedad sobre el Inventario, más conocido como el ‘impuesto al inventario’ hasta el 2028, esto con miras a eliminar el mismo. Para los próximos años, la tasa para calcular el impuesto al inventario es la publicada por el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) para el periodo contributivo 2024-2025.
“La Legislatura incluyó unas enmiendas a ese proyecto, enmiendas que lo llevan, por lo que me dicen, a tres años y la eliminación. Me parece que este proyecto tuvo vistas públicas en el Senado y en la Cámara para tomar una determinación. La medida todavía no me ha llegado a mí, no ha salido de la Legislatura, así que está todavía en la Legislatura, y pues, obviamente, hay que ver a qué obedecen estas enmiendas y cómo se van a subsanar”, expresó.
No obstante, insistió en que va a firmar un proyecto de congelación del tributo municipal y descartó las propuestas de los alcaldes del Partido Popular Democrático (PPD).
“Esta discusión lleva dos o tres años. El impuesto al inventario no es un asunto nuevo. Se discutió en la campaña, se ha discutido durante el pasado año. La Asociación de Alcaldes hizo una conferencia de prensa dando sus supuestas alternativas, todas ellas falsas, porque son dinero que está comprometido, dinero que ya está presupuestado; hacen alegaciones de fondos que no son recurrentes, que no pasarían el cedazo ni de la Junta Fiscal ni, ciertamente, del Gobierno. Así que ninguna de las propuestas que, por lo menos, la Asociación de Alcaldes hizo ayer son válidas en términos fiscales”, afirmó.
Entre las cinco propuestas presentadas por la Asociación de Alcaldes se destina un 15 por ciento de los ingresos por marbetes a los municipios para obras y mantenimiento de carreteras locales. La segunda elimina, desde el año fiscal 2027-2028, la obligación de los municipios de aportar al sistema de pensiones Pay As You Go. La tercera redistribuye a los municipios la contribución del 1.03 por ciento sobre propiedad mueble e inmueble. La cuarta los exime, a partir de 2027, de pagar al plan de salud estatal ASES. Finalmente, la quinta promueve la descentralización gubernamental transfiriendo a los municipios competencias, funciones y presupuestos de agencias estatales.
“Esto es un impuesto que paga la gente, que le cuesta al público y que le cuesta también en los productos que se traen. Cuando la gente va a un supermercado, va a una farmacia o va a una tienda, a veces no hay suficientes productos y le dicen: ‘Tengo que mandarlo a buscar’. Eso es producto del impuesto al inventario. Porque si el propietario de la tienda tiene que pagar sobre algo que no ha vendido, ¿qué hace? No lo trae. Y entonces, solamente cuando alguien lo necesita, es que lo manda a pedir. Y eso aumenta los costos también en Puerto Rico, específicamente en áreas de construcción”, concluyó.
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