Estudio del Instituto de Desarrollo de la Juventud alerta sobre los devastadores efectos que podría dejar la falta de asistencia federal y estatal a los niños del país en plena emergencia por la pandemia.

La llegada de la pandemia del COVID-19 a Puerto Rico, es tal vez el desastre natural de mayor alcance que ha experimentado el país a lo largo de todas las crisis continuas que han trastocado dramáticamente nuestro modo de vida desde el 2017.

El COVID-19 ha impactado severamente todos los sectores del país y a la población en general, sin embargo, esta nueva crisis y sus estragos, se acentúa aun más en la niñez que vive en e pobreza. Para poder constatar el impacto de la pandemia en esta población tan vulnerable, El Instituto del Desarrollo de la Juventud, (IDJ, por sus siglas) presentó el estudio “Los efectos del COVID-19 en la seguridad económica de la niñez y familias en Puerto Rico: Vulnerabilidades, proyecciones y recomendaciones”.

El estudio reflejó que esta crisis podría aumentar la tasa de pobreza infantil hasta 8 puntos porcentuales, de 58 por ciento a 65 por ciento, sumergiendo en la pobreza a 244 mil personas, entre las cuales se incluyen 43 mil niños en un período de tan sólo 4 meses si las ayudas federales y estatales no llegan a estas familias.

“La pandemia del COVID-19 llegó al país en un ambiente ya de por sí golpeado y vulnerable. Además de las vulnerabilidades que enfrentaba el país, las familias con niños que viven bajo el nivel de pobreza tienen unas características que en general las ubican en desventaja al enfrentar una crisis. Estas características incluyen: bajos ingresos y niveles de empleo, participación alta en industrias cerradas, condiciones de salud, hogares monoparentales, y acceso limitado a la tecnología, entre otros factores”, destacó la doctora María Enchautegui, directora de Investigación y Política Pública del IDJ en comunicación escrita.

“Este estudio nos ofrece un escenario de las consecuencias que tendrá la pandemia en estas familias si no tienen acceso a recursos económicos de manera prioritaria, al igual que presenta recomendaciones para mitigar los efectos de la pandemia a corto y largo plazo”, añadió Amanda Rivera Flores, directora ejecutiva de la organización.

Múltiples estudios realizados por el IDJ desde el 2017 han demostrado que las familias con niños que viven en la pobreza son las más afectadas por los desastres ocasionados por fenómenos naturales como mayor proporción con pérdidas materiales, inseguridad alimentaria e inestabilidad en múltiples dominios de desarrollo de los niños y jóvenes.

Según se desprende del estudio, las ayudas estatales y federales, pueden ayudar a reducir la pobreza de forma temporera, si las mismas llegan a tiempo a las familias que las necesitan. En el mismo, se incluyen simulaciones de los impactos del COVID-19 en la pobreza y cómo cambiaría con las ayudas esperadas, las cuales se estiman entre 5.4 a 5.9 mil millones de dólares.

“Los efectos inmediatos del COVID-19 en la pobreza son enormes, pero se pueden reducir si las ayudas llegan a tiempo y si los trabajadores se pueden reinsertar en la economía en un período de 4 a 6 meses. De no ser así, los impactos en la pobreza serán mayores. Además de las medidas de seguridad necesarias, la reinserción al mercado laboral requiere proveer unos apoyos a los trabajadores y PyMEs para que los empleados puedan balancear la salud y su seguridad económica”, indicó la doctora Enchautegui.

También se presentan las políticas públicas estatales y federales adoptadas para ayudar a estabilizar los ingresos de las familias y los aspectos que quedan sin atenderse aún con los millones de dólares asignados a combatir la crisis. Sin embargo, el estudio concluye que, si no se toman medidas a largo plazo para reducir la pobreza infantil, se regresaría a los mismos niveles “usuales” de pobreza infantil, o un 58 por ciento o tal vez mayores, tras concluir la pandemia.

Rivera Flores recalcó, que, aunque las ayudas federales puedan mejorar la condición socioeconómica de la niñez que vive en pobreza con estas ayudas, se hace imprescindible trabajar a largo plazo con la meta de erradicar la pobreza infantil y juvenil en Puerto Rico.

“Si enfocamos los esfuerzos en trabajar con este objetivo eficazmente, lograremos, no sólo fortalecer la economía, sino que las familias con menores estarían más preparadas para enfrentar desastres naturales, los que entendemos van a continuar ocurriendo ante los cambios climáticos”, añadió.

Antes del COVID-19 el IDJ había estimado que mantener la tasa de 58 por ciento de pobreza infantil le costaba a la economía de Puerto Rico $4.4 mil millones anuales, o lo que se traduce al 4.3 por ciento del producto nacional.

A corto plazo, las recomendaciones que hace el estudio se enfocan en:

Las recomendaciones que hace el estudio a largo plazo buscan evitar que los niños recaigan en la pobreza y promueve el desarrollo económico como estrategia prioritaria. Estas incluyen:

“En enero del 2020 presentamos un estudio que demostraba que la pobreza infantil le cuesta a la economía de Puerto Rico 4.4 millones de dólares anuales. Por lo tanto, la pobreza infantil es un reto económico el cual podrí agravarse con el impacto del COVID-19. Las recomendaciones van dirigidas a mejorar el entorno y calidad de vida de más de 300,000 familias con niños atrapadas en la pobreza y con pocas opciones para progresar. Exhortamos al Estado y a la empresa privada a colaborar en la creación de oportunidades que viabilicen crecimiento sostenido para este sector de nuestra población. Solamente así podremos construir un futuro más próspero, facilitándoles las herramientas necesarias para que nuestras generaciones jóvenes puedan aportar al futuro del país con dignidad y esperanza”, finalizó Rivera Flores.

Para obtener copia del estudio, puede acceder a: www.juventudpr.org.