Organizaciones ambientalistas presentaron este viernes una demanda contra el Gobierno estadounidense, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el condado de Miami-Dade por la construcción del ‘Alligator Alcatraz’ (Alcatraz Caimán), un masivo centro de detención para migrantes en una zona natural de gran valor ecológico en Florida.
Según la demanda, presentada por Friends of the Everglades y el Centro para la Diversidad Biológica, la decisión «se tomó sin realizar ninguna evaluación ambiental, como lo exige la Ley de Política Ambiental Nacional, y sin notificación ni comentarios públicos».
El fiscal general de Florida, James Uthmeier, propuso la semana pasada la construcción de la prisión, conocida como ‘Alligator Alcatraz’ para albergar a 1,000 migrantes detenidos por el ICE.
Las obras comenzaron de forma inmediata y se espera que finalicen a comienzos de julio, pero el emplazamiento escogido para el centro de detención desató las críticas de los ambientalistas.
La prisión para migrantes se construirá en un aeropuerto abandonado en la zona natural de los Everglades, un paraje de humedales de alto valor ecológico por la amplia diversidad de fauna y vegetación que alberga, y al que separan apenas unos kilómetros del Parque Nacional de los Everglades.
«Este enorme centro de detención arruinará uno de los ecosistemas más emblemáticos del mundo», dijo la directora para Florida y el Caribe y abogada del Centro para la Diversidad Biológica, Elise Bennett.
Además del condado de Miami-Dade, propietario de los terrenos que fueron vendidos por $20 millones pese a estar valorados en $190 millones, la demanda también está dirigida contra el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la División de Gestión de Emergencias de Florida y el ICE.
Organizaciones ciudadanas lanzaron previamente la campaña ‘Stop Alligator Alcatraz’ para frenar la construcción del centro de detención, sin éxito hasta el momento.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció el pasado miércoles la construcción de otro centro de detención migratorio en este estado, que se ha erigido como uno de los mayores aliados del Gobierno de Donald Trump en materia migratoria.
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