Los acusados son Jean Paul Rivera Vega, Christian Sebastián García De Jesús y Misael Costales Soto, quienes supuestamente conspiraron para dedicarse a la venta de armas de fuego sin contar con las licencias requeridas.
Un gran jurado federal acusó a tres personas de participar en un esquema de tráfico ilegal de armas en Puerto Rico mediante el cual dos de los imputados adquirieron unas 168 armas de fuego, de las cuales las autoridades desconocen el paradero de aproximadamente 148.
“Esta acusación representa un paso significativo en nuestros esfuerzos para combatir el tráfico de armas de fuego en Puerto Rico. Continuaremos investigando y procesando a cualquier persona involucrada en la venta de armas sin licencia, que con demasiada frecuencia facilita la comisión de delitos violentos en nuestras comunidades”, dijo el fiscal federal interino Héctor Ramírez Carbó en declaraciones escritas.
Los acusados son Jean Paul Rivera Vega, Christian Sebastián García De Jesús y Misael Costales Soto, quienes supuestamente conspiraron para dedicarse a la venta de armas de fuego sin contar con las licencias requeridas.
Según documentos judiciales, Rivera Vega y Costales Soto adquirieron armas y municiones de comerciantes con licencia federal alegando falsamente que eran los compradores reales de las armas.
Entre abril y diciembre de 2025, Rivera Vega compró 144 armas mediante comerciantes con licencia federal y ventas privadas. Unas 16 han sido recuperadas, mientras las autoridades desconocen el paradero de las restantes 128.
Por su parte, Costales Soto adquirió aproximadamente 24 armas entre diciembre de 2025 y julio de 2026. Las autoridades han recuperado cuatro y desconocen dónde se encuentran las otras 20.
De acuerdo con la acusación, Rivera Vega vendía armas con fines de lucro, incluso a García De Jesús, quien no estaba autorizado para comprarlas o poseerlas de comerciantes con licencia federal debido a que no tenía una licencia válida expedida por Puerto Rico. García De Jesús supuestamente revendía las armas y municiones a otras personas para obtener ganancias.
Las negociaciones entre los tres acusados se realizaban principalmente mediante mensajes, videos y grabaciones de audio enviados a través de WhatsApp, según las autoridades federales.
Rivera Vega, García De Jesús y Costales Soto enfrentan cargos por conspiración para traficar armas sin licencia y dedicarse al negocio de venta de armas sin licencia. Costales Soto también fue acusado de realizar declaraciones falsas durante la compra de un arma de fuego.
De resultar convictos, los acusados enfrentan una pena máxima de cinco años de prisión por los cargos relacionados con tráfico de armas. Costales Soto podría enfrentar hasta 10 años de prisión por el cargo de declaraciones falsas.
La investigación está a cargo del Negociado de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. Los fiscales federales Evangeline Dech y Pedro Casablanca tienen a su cargo el procesamiento del caso.
Una acusación constituye únicamente una alegación y los imputados se presumen inocentes mientras no se pruebe su culpabilidad más allá de duda razonable.
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