El Senado aprobó el martes el proyecto sustitutivo a los Proyectos del Senado 1173 y 1183, que propone establecer un nuevo Código de Planificación y Permisos para Puerto Rico, que derogaría 46 instrumentos legales y administrativos, así como 50 leyes.

Los proyectos originales están en discusión desde abril pasado y fueron objeto de cuatro vistas públicas, pero el aprobado es una versión nueva, que los reemplaza a ambos, tiene 868 páginas y se presentó el miércoles pasado.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, atendió la medida en su Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos y sostuvo que, esencialmente, se busca que la mayor parte de los permisos cambien su trámite actual para que el proponente notifique al gobierno y comience su operación, hasta en el mismo día de notificación, y que sea el gobierno el que después audite y verifique si la actividad que se realiza en el lugar se ajusta a la solicitud presentada. Actualmente, la actividad no procede hasta que las agencias verifiquen el permiso.

Además de la mayoría absoluta que tiene su Partido Nuevo Progresista (PNP) en ese cuerpo legislativo, Rivera Schatz procuró los votos a favor de los senadores independientes Eliezer Molina Pérez y Joanne Rodríguez Veve, a quienes les aceptó enmiendas al proyecto. De esta manera, quedaron en oposición las delegaciones de los partidos Independentista Puertorriqueño (PIP) y Popular Democrático.

El PIP resaltó problemas con la definición y medición de la zona marítimo-terrestre, lo cual resaltó que es distinto a las que estaban en los dos proyectos originales. También, que el proyecto tiene un alcance mucho mayor a solamente el trámite de permisos, permitiendo que el gobierno adjudicaciones sobre uso de terrenos sin que nadie lo solicite.

Por su parte, el PPD indicó que es una medida distinta a la que se discutió en las cuatro vistas públicas, que centraliza la otorgación de permisos quitando facultades a los municipios y a la propia Junta de Planificación, le impone a los opositores de un permiso el pago de una fianza igual al 10% del valor de la obra detenida, entre otros señalamientos.

Molina Pérez defendió su voto porque “por primera vez se integra el concepto de bienes de dominio público marítimo-terrestre y se establece una protección adicional para asegurar el libre acceso de la ciudadanía a esas áreas”.

Al establecer que ahora la medida pasa a la Cámara de Representantes, donde se podrán celebrar vistas públicas si así lo dictan en ese cuerpo, Rivera Schatz mencionó que quien vaya a operar un uso permitido podrá presentar una declaración de uso en el Sistema Unificado de Información, pagar el cargo y abrir el mismo día, sin inspección previa ni aprobación discrecional. La fiscalización se hará posteriormente, con inspecciones según el nivel de riesgo y multas de hasta $100,000 para quien someta información falsa.

Además, que el Código establece controles para los profesionales autorizados, licenciados e inspectores que colaboran técnicamente con el Estado, mediante registro público, código de ética, evaluación de desempeño y sanciones. También, crea un expediente digital único por proyecto, trazable de principio a fin, y fortalece la fiscalización con auditorías por riesgo, órdenes de cese y paralización, multas y consecuencias para quienes obtengan permisos mediante información falsa.

Ciudadanos y grupos comunitarios protestaron la acción del Senado desde la madrugada del martes, con una intervención del activista Alberto “Tito Kayak” de Jesús. También, buscaron reunirse con el presidente senatorial, pero denunciaron que no se les concedió y que las facturas del consultor del Senado, Anthony Maceira Zayas, mostraban cómo este se reunió con otros grupos con interés en el proceso de permisos para integrar sus enmiendas a la medida.