La agencia no compareció a una vista del cuerpo legislativo sobre el tema.
Juan Santaella Marchán, director ejecutivo de la Comisión de Juegos. (Suministrada)
El portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado, Gregorio Matías Rosario, advirtió al secretario de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez, que lo va a atacar por negarse a comparecer para una investigación de la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano, que el legislador preside.
La comisión tuvo el martes una vista bajo la Resolución del Senado 81 para conocer el nivel de deudas que tienen por multas los operadores de máquinas tragamonedas. Desde el año pasado, bajo un esquema de regulación y licencias, esas máquinas están conectadas al gobierno para recaudar fondos, parte de los cuales se supone nutran el retiro de los policías.
La comisión pidió a Hacienda desde el 15 de junio pasado información sobre las deudas por multas a los operadores, pero, según Matías Rosario, la postura de la agencia es que la comisión no tiene facultad para eso bajo la resolución 81.
“Todo lo que tenga que ver con los policías, todo lo que tenga que ver con el retiro, esta comisión va a estar pendiente”, dijo el presidente de la comisión al advertir que no es de atacar a los miembros de la administración, pero a los que “no están haciendo las cosas para hacernos quedar bien a nosotros y a la gobernadora, a esos sí los voy a atacar”.
Una de las interrogantes que la comisión tiene para Hacienda es si existió base legal para las multas que se acumularon bajo el esquema anterior en el que el gobierno no estaba conectado con las máquinas y no recibía una distribución de ingresos por las jugadas.
A la vista compareció la Comisión de Juegos (CJ), mientras que la Compañía de Turismo solicitó ser excusada, al sostener que toda la jurisdicción sobre las máquinas recae sobre la Comisión de Juegos.
El director ejecutivo de la CJ, Juan Carlos Santaella Marchán, distinguió las multas administrativas que impone y recauda su agencia de las deudas reflejadas en el Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI), cuya administración, cobro y validez corresponden al Departamento de Hacienda. «La mera existencia de una multa o deuda en SURI no significa, por sí sola, que la cantidad reflejada constituya un recaudo de la Comisión o un ingreso que la Ley Núm. 11 haya destinado directamente al Fideicomiso (para el Retiro de la Policía)», señaló Santaella Marchán en su ponencia. El licenciado explicó que no tiene autoridad para determinar el origen, la validez o la cuantía de esas deudas, pero las considera al evaluar solicitudes de licencia.
Detalló la fórmula de distribución de los recaudos que genera la operación de las máquinas: una vez se cubren los primeros 12 millones de dólares destinados al Fondo General, el 55% de los ingresos posteriores se dirige al Fideicomiso, el 40% al Fondo General en apoyo a los municipios, y el 5% restante a los costos operacionales de su agencia.
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