En el contexto de negarse a autenticar un vídeo en que se grabe un delito.

La Cámara de Representantes aprobó el Proyecto del Senado 465 que crea un delito de obstrucción a la autoridad pública y el acto de negarse a cooperar en una investigación criminal para autenticar una grabación digital, con o sin audio, con contenido delictivo voluntariamente publicada en las redes sociales.

La enmienda al Código Penal aplicaría a la persona que suba el contenido a plataformas sociales, pero no cuando se trate de la persona acusada o de quien haya participado de los hechos que la grabación revela.

La justificación es que “estas personas no suelen estar disponibles para las autoridades para autenticar los videos, lo que contribuye a la impunidad de los autores de delitos”. Así, se convertiría en delitos menos grave que un ciudadano se niegue a cooperar, sin justa causa, con un funcionario del orden público, fiscal o procurador de menores, en una investigación criminal donde en la que se le requiera la autenticación de una grabación digital, con o sin audio cuyo contenido revele la comisión de delito y que haya sido voluntariamente grabada y publicada en las redes sociales por la misma persona a quien se le hace el requerimiento. No estará sujeta a esta obligación la persona acusada ni quien haya participado de los hechos que la grabación revela.

También, quedó listo para la evaluación de la gobernadora el el Proyecto del Senado 759, que le confiere al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) potestad exclusiva para la regulación y otorgación de las licencias o permisos de operación a escuelas de conductores categoría 3, que comprende vehículos livianos. Las escuelas para licencias de vehículos de motor pesados quedan bajo el Negociado de Transporte.

Además, el Proyecto del Senado 896, que atempera la Ley para Manejar el Estudio, Desarrollo e Investigación del Cannabis para la Innovación, Normas Aplicables y Límites (Ley MEDICINAL) con las leyes federales para garantizar la seguridad en el transporte de carga o personas. Esto, mediante clarificar que los patronos no estarán obligados a las protecciones de empleo que ofrece la Ley MEDICINAL, a los pacientes registrados y autorizados para utilizar cannabis medicinal, cuando se trate de funciones sensitivas de transporte, como chofer de camiones o vehículos pesados, guaguas o autobuses escolares, taxis y conductores de servicios de transportes a través de plataformas o aplicaciones móviles.

En sesión del lunes, la Cámara aprobó su proyecto 1386, que también enmienda el Código Penal de Puerto Rico para que el término de prescripción de diez años en los delitos de apropiación ilegal agravada, fraude y lavado de dinero aplique a cuantías a partir de $50 mil. Así como el proyecto 1393, que establece dentro de la Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico, que la devolución al remitente de una citación enviada por correo certificado, aun cuando contenga la anotación de “rechazada”, no constituye un diligenciamiento válido. Por tanto, el retorno de la misiva no podrá servir de fundamento para que se anote la rebeldía a la parte demandada, ni dictar sentencia en su contra.

Ese cuerpo legislativo también votó a favor de su resolución conjunta 206, para ordenar a la Autoridad Carreteras y Transportación (ACT), a confeccionar un inventario de todas las vallas publicitarias en Puerto Rico, en coordinación con la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), para que cual cumpla con los estándares federales. El inventario que se levantará debe precisar si la valla cuenta con el permiso de construcción y de uso, su vigencia y si pudieran estar en incumplimiento de las leyes federales para Puerto Rico, entre otros detalles relevantes como medidas correctivas cuando sea meritorio para evitar la pérdida de fondos adjudicados a las carreteras de la Isla.

El representante Hernández Concepción expresó que en Puerto Rico se “carece de un inventario confiable y actualizado que permita identificar con certeza cuántos billboards existen, dónde están localizados y si cumplen con los permisos de construcción y uso requeridos”.

El legislador añadió que existen denuncias de estructuras sin permisos o con autorizaciones vencidas, así como un número indeterminado que podrían estar en violación del Highway Beautification Act, lo que coloca a la Isla “en una posición vulnerable frente al escrutinio federal” y a la posible reducción de los fondos asignados anualmente.

La medida ordena la colaboración del DTOP, la Junta de Planificación y la OGPe quienes deberán proveer toda la información, y asistencia, incluyendo datos de permisos, historial de trámites y cualquier otra evidencia documental.