El juez superior Anthony Cuevas Ramos recesó hasta el martes la vista con la que la administración de la Universidad de Puerto Rico (UPR) pretendía conseguir una orden de desacato contra el Sindicato de Trabajadores de la UPR (STUPR) por la confrontación entre ambos sobre la capacidad de los trabajadores para escoger un plan médico.

El receso de la vista del jueves ocurrió mientras las partes negociaban después de que el juez los dirigiera a intentar un acuerdo. La administración pidió el desacato sobre el argumento de que el sindicato había violentado una sentencia parcial de 2025 que le prohíbe impedir “el libre acceso vehicular o de personas, o (interferencia) con las funciones diarias” de las dependencias universitarias. El sindicato, compuestos principalmente por empleados de mantenimiento, sostiene que no ha tomado acciones de ese tipo.

Esa no es la única petición de desacato que dirimen. Hoy, viernes, las partes atienden otra vista de desacato, esta vez promovida por el sindicato, por el supuesto incumplimiento de la administración a un laudo emitido por el Negociado de Conciliación y Arbitraje del Departamento del Trabajo y ratificado por el Tribunal de Primera Instancia, el Tribunal Apelativo y el Tribunal Supremo de Puerto Rico que le reconoce a los trabajadores la facultad de escoger el plan médico bajo su convenio.

Además de la ratificación por parte de los tribunales, el STUPR resaltó el jueves que la propia administración universitaria, bajo la presidencia reciente del doctor Luis Ferrao y siendo todavía presidente de la Junta de Gobierno el contador público autorizado Ricardo Dalmau Santana, reconocía que no podían intervenir con su capacidad para escoger el plan médico.

En esa comunicación, del 6 de noviembre de 2024, Ferrao le indica a Dalmau Santana que la Oficina de Asuntos Legales de la UPR había emitido una opinión en la que concluyó que, “de acuerdo con el laudo de arbitraje avalado por los tribunales, el ST tiene en efecto el derecho a escoger su plan médico mediante el mecanismo de RFP y que debe cumplir con toda la reglamentación aplicable a estos procesos». Añadió Ferrao que, en efecto, “el ST realizó el procedimiento de solicitar las propuestas de los proveedores de salud y en cumplimiento con toda la normativa aplicable a la contratación gubernamental”.

De entre siete propuestas, el STUPR escogió a Triple S. Pero ahora, la presidenta nueva, Zayira Jordán Conde, no reconoce ese proceso y plantea que la administración, no el sindicato, tiene que hacer un nuevo poceso de evaluación de propuestas. En una entrevista el jueves con NotiUno, planteó que se trataba de fondos públicos y que la universidad no podía solamente poner el dinero para que otras dos partes tuvieran un contrato entre sí.

Sin embargo, el proceso de selección de plan médico por parte del sindicato no solo fue refrendado por Ferrao, sino que la Junta de Control Fiscal también aprobó el contrato anterior que tuvieron con la aseguradora MAPFRE. La única observación del ente fiscal fue que la administración no había sometido el contrato para evaluación de ellos antes de la firma.

En una carta este mes, la Junta volvión a lavarse las manos sobre la pugna y consignó que solo le tocaría revisar el contrato final que le someta la UPR.