Y también la implantación de un plan de Clasificación y Retribución justo para los empleados de la Comisión de Juegos.
El presidente de la Asociación de Inspectores de Juegos de Azar (AIJA), César González Ortiz exigió el martes el reembolso de sus gastos de viajes y la implantación de un plan de Clasificación y Retribución justo para los empleados de la Comisión de Juegos.
“Los inspectores ofrecen servicios en todo Puerto Rico al asistir a los diversos casinos que hay en todo el país, y lo hacen costeando la gasolina de su bolsillo. La Comisión de Juegos tiene que reembolsarles ese dinero y se tarda meses. Esto debe ser un reembolso que no tome más de una semana porque los trabajadores vivimos de cheque en cheque”, dijo González Ortiz en declaraciones escritas
“Los Inspectores de Juegos de Azar somos los que velamos y procesamos los pagos en los premios y fiscalizamos las salas de juego que generan millones de dólares como recaudo del gobierno de Puerto Rico. Es inaceptable que saquemos de nuestro bolsillo $200, $300 y hasta $400 dólares, para que todos los meses estemos reclamando el reembolso y la gerencia este repitiendo las excusas de la burocracia. Este reclamo es urgente porque pagar estadías, alimentos, peajes y gasolina implica que nuestro salario se reduce mensualmente y no es justo esperar semanas o meses para cumplir con nuestras responsabilidades económicas”. La gerencia tiene que corregir ya esta situación.
“Denunciamos, además, una actitud anti obrera y de confrontación por parte de la Oficina de Recursos Humanos, incluyendo señalamientos de amenazas e intimidación contra representantes sindicales. Ningún representante sindical debe ser amenazado, intimidado ni perseguido por cumplir con su deber de defender a los trabajadores. La AIJA no se va a dejar intimidar ni silenciar”, añadió.
“Exigimos acción inmediata, respeto a los trabajadores y respeto a la representación sindical. Si la administración insiste en ignorar estos reclamos, continuaremos utilizando todos los mecanismos legales y sindicales disponibles para defender nuestros derechos. Tanto la gerencia, como la OATRH y la Junta de Control Fiscal han arrastrado los pies respecto a este asunto. Exigimos que actúen a favor del país, lo que implica actuar a favor de los trabajadores que generan parte de la riqueza que recauda el gobierno de Puerto Rico,” concluyó.
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