Una directiva de ASORE dijo que “afectaría el modelo de servicio en equipo, impondría cargas administrativas desproporcionadas y expondría a los restaurantes, en su mayoría pequeños y medianos comercios a un riesgo considerable de litigio”.

La Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE), se opuso hoy a un proyecto de ley discutido en la Comisión de Asuntos del Consumido que enmienda la “Ley sobre Cálculo de las Propinas” para respetar la voluntad del consumidor sobre quién recibe la propina y que así los empleados decidan libremente si retienen las propinas recibidas por su servicio, sin que el patrono pueda destinarlas a un fondo en común.

Específicamente, el Proyecto de la Cámara 1411 dice que cuando un consumidor identifique expresamente al empleado o empleados a quienes desea otorgar una propina, dicha manifestación deberá ser respetada y que cuando no exista una designación expresa, se presumirá, salvo evidencia en contrario, que la propina fue destinada al empleado o empleados que prestaron directamente el servicio que motivó la gratificación.

También indica la medida que las propinas atribuibles a un empleado beneficiario no constituirán Ingreso operacional del patrono ni podrán ser apropiadas o retenidas para beneficio del patrono. Igualmente, le reconoce a cada empleado decidir si conserva individualmente las propinas que le sean atribuidas o participa en un acuerdo voluntario de distribución de propinas con otros empleados elegibles.

En una vista pública hoy, la presidenta de ASORE, Sonia Navarro rechazó la medida al señalar que tal y como sometida, “afectaría el modelo de servicio en equipo, impondría cargas administrativas desproporcionadas y expondría a los restaurantes, en su mayoría pequeños y medianos comercios a un riesgo considerable de litigio”.

“El efecto práctico es que los fondos comunes de propinas, que hoy compensan de forma equitativa el equipo de servicio, dependerán de lo que cada mesero decida compartir. El proyecto tampoco establece criterios para determinar qué integrantes del equipo puedan ser comprendidos, ni cómo distribuir la propina entre ellos. Ello puede reducir el ingreso de los empleados de apoyo y generar tensiones en los equipos de trabajo”, señaló la presidenta de ASORE.

Ante ello, el autor de la pieza, el representante Ensol Rodríguez Torres, sostuvo que la propina es una “gratuidad, que tiene el cliente con el empleado que – a su opinión – le dio un buen servicio”, por lo que deber ser ese empleado quien retenga la potestad si quiere participar del “tip pool” o decide compartirlo con el resto de sus compañeros.

“El proyecto lo único que hace es enfatizar lo que es la naturaleza del concepto de propina; aquí no estamos cambiando el estatuto, ni cuánto va a cobrar el mesero, ni el por ciento de cada mesero, así que no tiene ningún impacto fiscal”, enfatizó el representante Rodríguez Torres, quien con esta propuesta busca establecer que la participación de un empleado en un sistema de distribución o fondo común de propinas será libre y que esta decisión no puede constituir condición de empleo.

El legislador indicó que este proyecto fue presentado debido a una situación traída a su atención, por un empleado de un restaurante de su distrito ante el hecho que desconoce cuánto devenga en propinas, puesto que estas se colocan en un fondo común que luego su patrono divide y cuadra el salario de $10.50 la hora al resto de los compañeros, lo cual fue calificado como ilegal por el representante.

El representante Rodríguez Torres especificó que con ese método “ellos no saben si realmente hicieron más de lo que estipulado, porque el control del pote al final es del patrono, no son los meseros ni los empleados. Que es la parte que nosotros queremos darle validez con la intención de la propina”.

Asimismo, agregó que con el hecho de dividir la propina entre el resto de los empleados que trabajan de cara al público por parte del patrono viola “la intención como cliente y esto es lo que busca reforzar este proyecto”.

Mientras que el Centro Unido de Detallistas (CUD), en ponencia sometida y firmada por su presidente, Alan Taveras Sepúlveda, tampoco apoyó la pieza por las posibles cargas administrativas a los negocios, que deben documentar la voluntad del empleado de participar del fondo común de propinas y su decisión de revocar esta postura en cualquier momento, lo que alega conllevaría cargas económicas a los comercios.

“En ese contexto, la imposición de nuevas exigencias administrativas representa una carga adicional para un sector que ya enfrenta importantes retos económico y operacionales”, sostuvo Taveras Sepúlveda.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Bancos, Lcda. Zoimé Álvarez Rubio, aunque no adoptó postura sobre la parte laboral de la medida, que prohíbe represalias contra el empleado que no participe del fondo común de propinas, si se opuso a que el proyecto pueda ser usado como vehículo para incorporar restricciones a los cargos en transacciones electrónicas como parte del pago por el servicio en un negocio.

En cuanto al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), en memorial firmado por su secretario interino, Irwin Álvarez Rodríguez, avaló este proyecto “por ser loable”.

“No obstante, debido a que no impone nuevas facultades o deberes al DACO, exceptos aquellas ya delegadas mediante la “Ley sobre el Cálculo de las Propinas” del 2018, nos abstendremos de comentar sobre la misma”, dando deferencia al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, agencia a la cual se le confieren los deberes y las facultades establecidos en el proyecto.