La Cámara de Representantes concurrió anoche con las enmiendas introducidas por el Senado en el presupuesto del año fiscal 2026-2027, que asciende a $13,180 millones con cargo al Fondo General.

“No fueron cosas mayores. Todo esto fue en comunicación y coordinación con la Junta (de Control Fiscal) de, cuyos asesores estuvieron presentes en todo momento aquí en la Legislatura”, dijo Eddie Charbonier Chinea, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes.

Entre otros ajustes, el representante mencionó una asignación recurrente de $5 millones para los gastos operaciones de la Sociedad de Educación y Rehabilitación (SER) de Puerto Rico y otras partidas que, según informó, correspondían a la Asamblea Legislativa.

Charbonier Chinea resaltó que la Legislatura cumplió con el término que otorgó la Junta para aprobar el presupuesto, que se vencía este 25 de junio. Sin embargo, afirmó que ambos cuerpos tienen hasta el cierre de la sesión legislativa el próximo 30 de junio para completar potenciales ajustes.

En cuanto a asignaciones, la Asamblea Legislativa aprobó $20 millones para entidades sin fines de lucro dedicadas a programas de bienestar social, salud, educación y cultura; $4.7 millones para proyectos municipales financiados con ingresos de máquinas de juegos de azar; cerca de $2.8 millones para obras de infraestructura, escuelas, instalaciones recreativas y sistemas de agua potable; y $1.35 millones para mejoras permanentes e infraestructura rural en municipios. También se autorizó la transferencia por un dólar de los terrenos del relleno sanitario al Municipio de Culebra.

El otro proyecto de alto perfil que estaba pendiente, la reforma de permisos, quedó para la sesión que inicia en agosto porque el Senado no produjo a tiempo el proyecto sustitutivo que su presidente, Thomas Rivera Schatz, anunció que sometería.

Ambos cuerpos aprobaron tipificar como delito grave la amenaza de difundir, divulgar, revelar, ceder o entregar a terceros material explícito de la víctima o que la involucre, mediante cualquier tipo de comunicación, incluyendo comunicaciones electrónicas o medios de comunicación cibernética.

Además, en la Cámara, se avaló una propuesta legislativa que establecería en las Reglas de Evidencia de Puerto Rico el privilegio del periodista a no divulgar sus fuentes o informaciones confidenciales en procedimientos judiciales. Allí dieron paso también a legislación para prohibir mensajes de texto con enlaces fraudulentos enviados sin mecanismos adecuados de autenticación.

El Senado aprobó legislación para establecer un término máximo de 180 días para completar las revisiones salariales de los maestros del sistema público, garantizar el pago retroactivo automático de los aumentos y crear un portal digital para dar seguimiento a las solicitudes.

Los legisladores también aprobaron un proyecto que fortalece la colaboración entre los municipios y el operador del sistema eléctrico para atender el alumbrado público, otra que permite a los tribunales asumir jurisdicción inmediata en casos de menores que representen una amenaza a la seguridad escolar y legislación para incluir a policías municipales y oficiales de custodia entre quienes pueden utilizar las tiendas militares de la Guardia Nacional.

Además, se aprobaron medidas sobre permisos de construcción, licitaciones públicas, seguros para mascotas, patentes municipales, uso de correos electrónicos oficiales en municipios, reconstrucción de infraestructura tras eventos atmosféricos, desarrollo de espectáculos con drones como alternativa a la pirotecnia y cambios para proteger los beneficios del fideicomiso de retiro de la Policía.