La auditoría también identificó tardanzas de 35 y 114 días en las inspecciones de dos propiedades valoradas conjuntamente en 125,696 dólares.

La Oficina de la Contralora de Puerto Rico informó el jueves que la Administración de Servicios Generales (ASG) entregó una propiedad federal excedente valorada en 46,785 dólares a una entidad cuya certificación para participar del programa había vencido.

Según el informe de auditoría OC-26-40, la transferencia fue aprobada 8 días después del vencimiento y la propiedad se entregó 23 días después. La entidad actualizó su elegibilidad 149 días después de recibir el bien.

La auditoría también identificó tardanzas de 35 y 114 días en las inspecciones de dos propiedades valoradas conjuntamente en 125,696 dólares.

Esas revisiones debían verificar si las entidades receptoras habían puesto los bienes en uso dentro del término de un año establecido por la reglamentación federal.

“Los procesos establecidos para la administración de la propiedad pública deben cumplirse rigurosamente para garantizar la transparencia, la equidad y el uso efectivo de los recursos disponibles para las entidades que sirven a la ciudadanía”, expresó la contralora Carmen Vega Fournier en declaraciones escritas.

Vega Fournier emitió una opinión cualificada sobre las operaciones del Programa Federal de Donación de Propiedad Excedente de la ASG.

El informe atribuyó las deficiencias a que la directora administrativa del programa no aseguró el cumplimiento de los procesos requeridos y a una supervisión ineficaz por parte del administrador auxiliar de Servicios a las Agencias. La funcionaria señaló la falta de personal e inspectores como una de las causas.

Otro hallazgo reveló que la Junta Asesora del programa no celebró reuniones ordinarias ni extraordinarias entre diciembre de 2023 y junio de 2025, pese a que debía reunirse dos veces al año.

La ASG cuestionó el señalamiento sobre las inspecciones y sostuvo que actuó conforme a la normativa aplicable. La Contralora mantuvo el hallazgo al concluir que la Ley 28 exige verificar y documentar el uso de la propiedad dentro del periodo establecido.

Durante el periodo examinado, el programa recibió autorización para distribuir 1,126 unidades de propiedad federal excedente con un costo de adquisición de 1.84 millones de dólares.