La Policía y el Departamento de Justicia (DJ) apoyaron el Proyecto de la Cámara 1260 y la Resolución Conjunta de la Cámara 353, que pretenden establecer una nueva amnistía general por 60 días para la entrega voluntaria de armas de fuego ilegales, heredadas o con licencias vencidas, así como las municiones, similar a la que se llevó a cabo en 2012.

En vista pública de la Comisión de Seguridad Pública, el representante de la Asociación de Armeros (AA), Víctor González García, apoyó la legislación, a la vez que sugirió enmiendas para que esta dispensa “incluya, además el que las personas que advinieron a una o varias armas de fuego por ser de propiedad de familiares hoy fallecidos, puedan entonces, proceder con la inscripción de esta con su licencia de armas. En caso de no tener licencia, que puedan solicitar y obtener la licencia sin mayores trabas”.

González García puntualizó que en los ejercicios anteriores para la entrega voluntarias de armas se permitía la regularización de estas piezas. Sin embargo, los requisitos solicitados por la Policía, “derrotaban el propósito al final del día”.

Entre los requerimientos estaba presentar copia del testamento del fallecido, la declaratoria de herederos, así como declaración jurada del resto de los beneficiarios indicando que no tenían objeción que el arma se registre a favor del peticionario.

“Al enfrentarse a esto y los costos asociados para conseguir los documentos solicitados, las personas desistían de proseguir con el trámite”, manifestó.

El proyecto enmienda la Ley de Armas para implantar mecanismos claros de recopilación, análisis y divulgación de datos que permitan medir el impacto de la amnistía sobre la seguridad pública. Además, delega tanto en la PPR como en el Instituto de Ciencias Forenses, la responsabilidad investigativa de las armas que sean entregadas.

En nombre de la Policía, el director auxiliar del Negociado de Armas de la PPR, inspector Marcos Martínez López, expresó que la legislación “promueve herramientas adicionales para atender de manera efectiva situaciones que impactan la seguridad pública, el cumplimiento de la ley y la administración eficiente de los recursos gubernamentales”.

Añadió que la propuesta “representa una alternativa razonable y beneficiosa para fomentar el cumplimiento voluntario de obligaciones pendientes, permitiendo que ciudadanos regularicen su situación dentro de un término determinado, sin la necesidad inmediata de recurrir a procesos judiciales o administrativos extensos y costosos”.

El autor de la medida, representante Félix Pacheco Burgos, recalcó que la amnistía de 2012 resultó en 1,990 armas de fuego fueron entregadas, así como un aproximado de 100 mil municiones.

La Policía favoreció que la iniciativa vaya acompañada de una campaña de orientación a los ciudadanos para que conozcan que durante esta amnistía las personas que entreguen las armas no se les radicará cargos. De igual modo, apoyó que se establezca la obligatoriedad de que se presenten ante la Asamblea Legislativa informes en torno a los resultados de la amnistía 180 días luego del cierre de esta. Aseguró su representante en las vistas que en los lugares que se habiliten para la entrega de estos artículos, habrá presencia de agentes del orden público con el fin de custodiarlas.