El análisis revela alta centralización, dependencia creciente de fondos federales, falta de transparencia y ausencia de una visión clara para orientar la inversión educativa en Puerto Rico.

En momentos en que el gobierno de Puerto Rico formula el presupuesto para el próximo año fiscal, la organización Sembrando Sentido publicó el primer informe de la evaluación sobre el manejo de los fondos públicos del Departamento de Educación de Puerto Rico, un esfuerzo investigativo multianual que analiza cómo se planifican, aprueban, distribuyen y manejan los recursos públicos destinados a la educación pública. 

El primer informe, titulado Quién decide y cómo se distribuye el presupuesto educativo, examina las estructuras, actores y dinámicas que determinan cómo se asignan y distribuyen los recursos en el sistema educativo público puertorriqueño.

“La evaluación, iniciada en el 2022, analiza el manejo de los fondos públicos del Departamento de Educación entre los años fiscales 2017 y 2024, un periodo marcado por austeridad, la consolidación del control fiscal, cierres masivos de escuelas, múltiples reformas al sistema educativo y una sucesión de emergencias. Partiendo de metodologías internacionales para la evaluación de las finanzas públicas, Sembrando Sentido revisó leyes, reglamentos, auditorías, planes fiscales y presupuestarios, así como miles de documentos oficiales y cientos de miles de datos financieros obtenidos mediante solicitudes de información”, explicó Issel Masses Ferrer, directora ejecutiva de Sembrando Sentido. 

Masses detalló que, entre los hallazgos principales, el informe concluye que el Departamento de Educación carece de una visión clara y coherente del éxito y bienestar estudiantil que permita orientar estratégicamente las decisiones financieras. Aunque existen múltiples planes y prioridades, estos operan de manera fragmentada y sin una conexión consistente con el presupuesto o con metas educativas concretas.

“El presupuesto educativo no puede ser un ejercicio técnico desconectado de la realidad de los salones de clase, máxime cuando el sistema atiende a una población cada vez más vulnerable. Cada decisión fiscal debe responder a una visión clara sobre el bienestar estudiantil, la equidad y las necesidades reales de las comunidades escolares”, precisó.

El informe también documenta un proceso presupuestario altamente centralizado y dominado por la Junta de Control Fiscal (JCF), con espacios extremadamente limitados para el escrutinio público y la participación ciudadana. Según la Evaluación, durante el periodo estudiado, la legislatura contó con apenas entre 15 y 44 días para analizar el presupuesto propuesto, limitando significativamente las oportunidades para fiscalizar y abrir espacio a la participación pública. 

“Además, el análisis identificó que, durante la mayoría de los ciclos presupuestarios examinados, la JCF no aprobó el presupuesto sometido por el gobierno, sino que certificó versiones propias con asignaciones menores a las originalmente solicitadas por el DEPR”, sostuvo.

La directora ejecutiva de Sembrando Sentido señaló que el informe sostiene que, si se excluye la partida para el pago de pensiones bajo el programa de pay as you go, la asignación estatal al DEPR se redujo en 11% entre 2017 y 2024. Esto a pesar de que los secretarios advirtieron a la legislatura en múltiples ocasiones que los recortes podrían afectar servicios esenciales como transportación y educación especial.

En ese mismo periodo, la asignación de fondos federales aumentó aproximadamente 250%, pasando de representar cerca de un 35% del presupuesto del Departamento en 2017 a un 68% en 2024. Según el análisis, esta dependencia limita la flexibilidad del sistema para atender las necesidades de las escuelas, aumenta los costos de cumplimiento y vuelve el sistema más vulnerable a cambios en la política federal.

Asimismo, el informe advierte que los procesos actuales para implementar fórmulas de costo por estudiante carecen de suficientes garantías de transparencia, participación y equidad, lo que podría profundizar desigualdades existentes entre escuelas y comunidades escolares. La evaluación también identificó deficiencias en la transparencia presupuestaria al presentar información fragmentada y categorías ambiguas que dificultan rastrear el uso específico de una parte significativa de los recursos públicos.

“El problema no es únicamente cuánto dinero entra al sistema. También es cómo se toman las decisiones, quién tiene poder sobre los recursos y qué capacidad existe para entender si el dinero realmente está atendiendo las necesidades de las escuelas y estudiantes”, expresó Masses Ferrer.

Por su parte, Nicole Díaz González, analista de política pública de Sembrando Sentido, señaló que el informe encontró que categorías presupuestarias como “asignaciones englobadas”, “servicios profesionales no clasificados” y “otros gastos no clasificados” dificultan conocer con precisión cómo se distribuye una parte significativa de los recursos educativos. “Cuando el presupuesto no se puede leer con claridad, tampoco se puede fiscalizar con rigor. La transparencia no es un lujo administrativo; es una condición básica para saber si los fondos están llegando donde más se necesitan”, puntualizó Díaz.

Diaz recalcó que el informe reconoce algunos avances importantes, incluyendo el reconocimiento constitucional y legal del derecho a la educación pública, así como esfuerzos recientes para aumentar la publicación de información y presupuestos escolares. Sin embargo, advierte que las debilidades estructurales identificadas continúan limitando la capacidad del sistema para responder de manera estratégica, equitativa y sostenible a las necesidades del estudiantado.

“Puerto Rico tiene uno de los sistemas educativos con mayor proporción de estudiantes viviendo bajo pobreza y la tasa más alta de estudiantes de educación especial entre las jurisdicciones de Estados Unidos. Eso requiere un sistema capaz de planificar, priorizar y responder con transparencia y estabilidad. Hoy, ese sistema sigue operando con profundas limitaciones estructurales”, añadió Masses Ferrer.

El informe forma parte de una evaluación más amplia que continuará con dos próximos volúmenes enfocados en el gasto real y efectividad de la inversión educativa, así como en los procesos de compra y contratación pública dentro del Departamento de Educación.

Sembrando Sentido es una organización sin fines de lucro que desarrolla conocimientos, herramientas y procesos para transformar en colectivo las estructuras gubernamentales y promover una distribución más justa y equitativa de los recursos públicos en Puerto Rico. A través de investigación, análisis de datos y trabajo junto a comunidades, la organización busca hacer la información pública más accesible y accionable para fortalecer la toma de decisiones informadas y la participación pública. Su trabajo se enfoca en áreas clave como el manejo de los fondos de la educación pública, el uso de fondos federales y la contratación gubernamental mediante iniciativas como ContratosEnLey.org.