Tienen pendiente una medida para dar exención por inventario de propiedad.

La Comisión de Asuntos Municipales celebró una vista pública para evaluar el Proyecto del Senado 865, que propone enmiendas al Código Municipal con el fin de establecer una exención contributiva sobre el inventario de propiedad mueble para pequeños y medianos comerciantes (PyMEs) con ventas brutas anuales de hasta $5 millones.

“Les adelanto que a base de conversaciones y de análisis que hemos continuado haciendo, hay un aspecto que en origen no estaba contemplado en el proyecto y que nosotros sí vamos a atender. Es el asunto de que al momento en que se exima un por ciento considerable de los comerciantes al pago de este impuesto, se estima que sea sobre el 90 por ciento del comercio puertorriqueño el que se le eximiría del pago, pues de dónde se produce el dinero para subsanar eso. Nosotros estamos trabajando en modificar el proyecto a los fines de que se establezca de dónde es que estamos recomendando que se asignen los fondos para subsanar esa pérdida y de esa manera que los municipios no se vean afectados. Estamos buscando ese balance de atender el reclamo”, sostuvo el senador José Santiago Rivera, añadiendo que ya están cursando comunicación a la Junta de Control Fiscal (JCF) para atender la medida.

Santiago Rivera es presidente de la comisión y autor de la medida.

A la vista comparecieron Bárbara Rivera Chinea y la licenciada Doira Díaz en representación de Colmena 66 del Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico. “La disponibilidad de una exención contributiva sobre el inventario tendría un efecto positivo directo, al permitir que los negocios puedan adquirir y mantener mercancía, insumos o productos suficientes en momentos clave de sus operaciones y del ciclo del mercado”, expresó Rivera favoreciendo la pieza legislativa.

Asimismo, la deponente explicó que las PyMEs constituyen la gran mayoría del ecosistema empresarial en la Isla y enfrentan presiones significativas que afectan su rentabilidad, particularmente los altos costos operacionales, impuestos y regulaciones. Añadió que el impuesto al inventario representa una carga desproporcionada que limita la capacidad de crecimiento, planificación y respuesta ante crisis, especialmente en sectores clave como comercio, alimentos y manufactura.

Igualmente, Rivera presentó medidas alternativas para llegar a un consenso sobre la medida. Entre estas mencionó: proveer exención hasta un por ciento específico en el inventario. Por encima del por ciento exento, aplicar una contribución escalonada. De esta manera, la medida puede beneficiar a las PyMES según su categoría como microempresas, pequeñas y medianas. También, implementar medidas para evitar la doble y triple tributación de mercancía en el inventario. Alinear esta medida a las ayudas e incentivos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, a la vez de tomar en cuenta la opinión y evidencia de los gremios y asociaciones empresariales que mayor relación tiene con los PyMEs más afectados.

Santiago Rivera preguntó qué mecanismos se deben trabajar para que la actividad económica se pueda dar en los municipios que están rezagados económicamente. Rivera mencionó que Colmena 66 atiende toda la Isla y la razón de ser del programa es poder ofrecer esa conexión con los recursos empresariales existentes. “Hay más de 200 organizaciones de apoyo. Nuestro rol es principalmente agrupar a todas estas organizaciones a través de lo que conocemos como la red de apoyo empresarial. Darles los mecanismos y apoyarnos mutuamente para crear soluciones más específicas, más tácticas”, añadió.

También, participaron de la audiencia la licenciada Margaret Ramírez Báez y el licenciado Jorge Cañellas, en representación de la Cámara de Comercio (CCPR). “Sobre la exención propuesta por el P. del S. 865, como señalamos, la CCPR ha sido consistente en que el impuesto sobre el inventario debe ser erradicado de Puerto Rico y eliminado para todos los contribuyentes”, sostuvo Ramírez.

A su vez, la deponente manifestó que sin embargo, si esto por ahora no es posible por su impacto fiscal, y se trata de una medida intermedia, con miras a la eliminación total del impuesto al inventario, la CCPR favorece la aprobación del P. del S. 865, condicionado a que la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) rinda su informe y a que la JCF certifique la viabilidad de la medida. “Para ello, es imperativo que el CRIM actualice su base de datos de 2019; toda vez que, es inadmisible pretender legislar el futuro económico de la Isla sobre estadísticas obsoletas de hace siete años”, sostuvo.

Santiago preguntó cuán cerca están de llegar a una solución en el comité anunciado por la gobernadora para atender este tema donde también fue enviada esta medida para su evaluación. Ramírez respondió que dicho comité no se reúne desde el pasado mes de enero. Explicó que se conformó un subcomité y que estos a su vez rendirán un informe pero al presente no lo han recibido.

De igual forma, dijo presente Fabio Quevedo, en representación de la Asociación de Comerciantes de Materiales de Construcción, la cual apoyó la medida. “Nuestra asociación respalda esta medida, ya que representa un paso importante hacia la equidad contributiva y el fortalecimiento del comercio local, particularmente en el sector de materiales de construcción, el cual enfrenta retos significativos relacionados a costos operacionales, inflación y la volatilidad en la cadena de suministro”, dijo Quevedo.

El deponente detalló que la exención propuesta tendrá múltiples beneficios como mayor liquidez para los pequeños y medianos comerciantes, permitiéndoles reinvertir en sus comercios; mejor manejo de inventario, facilitando la disponibilidad de materiales esenciales para la construcción; y fortalecimiento de la economía local, al permitir que estos negocios compitan de manera más justa. A su vez, sugirió “considerar a mediano plazo, la eliminación total del impuesto al inventario para todos los contribuyentes, sin límites de ingreso. Establecer mecanismos claros y ágiles para la implementación de esta exención, evitando cargas administrativas adicionales; aplicar la exención a partir del próximo año fiscal”.