El Alto Foro reclama su poder de disciplinar éticamente a la exgobernadora, aún cuando criminalmente se benefició de un perdón presidencial.

El Tribunal Supremo resolvió de manera unánime suspender indefinidamente a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced de la práctica de la abogacía y la notaría debido al hecho criminal por el que se declaró culpable a nivel federal, en un caso que se disolvió cuando el presidente Donald Trump emitió un perdón incondicional a favor de los tres acusados.

Su caso federal comenzó como uno grave de soborno en sus funciones como gobernadora y terminó como uno menos grave de aceptación y trámite de un donativo político que era ilegal porque venía de un extranjero no nacionalizado, el banquero italovenezolano Julio Herrera Velutini. Alrededor de esos cambios en la naturaleza de los delitos, y del perdón, hubo donativos de parte de la hija del banquero que suman $3.5 millones.

No es común que las decisiones sobre disciplina ética aparezcan firmadas por un juez particular pero, en esta ocasión, el juez ponente fue el asociado Roberto Feliberti Cintrón. No hubo disidencias, más sí dos opiniones de conformidad de la pluma de los jueces asociados Erick Kolthoff Caraballo y Ángel Colón Pérez.

La opinión del tribunal se concentra en detallar todas las instancias del proceso federal en las que Vázquez Garced aceptó que estaba cometiendo un delito, las que afirmó conocer la consecuencia del acto que estaba cometiendo y que la fiscalía tenía capacidad de probar el caso si hubiera proseguido a juicio.

Pero las opiniones de conformidad también resaltan la conducta que mostró la exmandataria fuera del tribunal, el no aceptar responsabilidad de sus actos. De igual manera, reivindican expresiones de disgusto y frustración que hizo la jueza federal Silvia Carreño Coll cuando los cargos graves originales que presentó la fiscalía se convirtieron en uno menos grave y cuando el perdón llegó justo antes de que decretara una sentencia que podría haber sido cárcel.

“Según ella misma admitió, la licenciada Vázquez Garced violó la ley a sabiendas y con intención de ello y, como dice el dicho en inglés, ‘only has herself to blame’ (se lo buscó)”, concluyó Feliberti Cintrón.

La exsecretaria de Justicia había pedido que el proceso disciplinario fuera desestimado de plano por su trayectoria de casi 40 años en el servicio público y porque se trataba de un caso menos grave. Pero Feliberti Cintrón enumeró casos previos en los que abogados habían sido disciplinados también con ambas circunstancias: hechos cometidos mientras eran servidores públicos y delitos menos grave.

“Al día de hoy, no hemos podido detectar una pizca de arrepentimiento de parte de la licenciada Vázquez Garced por los hechos admitidos, circunstancia que este Tribunal no puede ni debe pasar por alto al aquilatar su proceder”, añadió en una nota al calce.

“El perdón presidencial absoluto concedido a la abogada dejó al tribunal federal sin jurisdicción, pero no a nosotros”, anotó Kolthoff Caraballo en la opinión a la que se unió la jueza asociada Mildred Pabón Charneco.

Kolthoff Caraballo citó extensamente las expresiones de la jueza Carreño Coll ante la reducción de los cargos grave a solo uno menos grave, específicamente cundo acuñó que se trataba de una “palmadita en la mano”.

“Desde mi punto de vista, y en el contexto del daño producido al prestigio de la profesión en el proceso de este caso, las expresiones de la Juez reflejan la misma indignación y molestia que también se refleja de forma general en la opinión pública de Puerto Rico”, dijo el juez asociado al refrendar que la sentencia pudo haber sido cárcel, “sobre todo, por la poca introspección y falta de sabiduría y humildad que mostró la licenciada Vázquez Garced en sus expresiones inmediatamente después de hacer su alegación de culpabilidad”.

Al defender que la sanción fuera una suspensión inmediata e indefinida, el juez asociado Colón Pérez aceptó en su decisión que “cualquier sanción menor o, peor aún, el no sancionar el proceder… trivializaría la gravedad de la conducta exhibida por la señora Vázquez Garced y enviaría un mensaje de tolerancia frente a la corrupción ética dentro de la profesión legal puertorriqueña”.

Vázquez Garced fue admitida al ejercicio de la abogacía el 26 de junio de 1987 y juramentó como notaria el 28 de enero de 1988. El 24 de mayo de 1989 cerró la notaría y la retomó el 4 de abril de 2024, cuando ya enfrentaba los cargos federales.

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