La Junta de Control Fiscal (JCF) pidió a la legislatura leyes específicas para controlar lo que llamaron “debilidades sistémicas” que facilitan el abuso y la manipulación en la contratación de servicios profesionales en el gobierno de Puerto Rico.

La expresión fue en el marco de que emitieran su aprobación al nuevo Reglamento Uniforme de Compras, Licitaciones y Contrataciones de Bienes, Obras y Servicios No Profesionales (9734) de la Administración de Servicios Generales (ASG).

El reglamento nuevo trae restricciones que tocan la contratación de servicios profesionales, pero no llega a más porque tanto la agencia como la junta concluyen que hace falta legislación habilitadora. Desde que los procesos de compra y contratación del gobierno se concentraron en la ASG durante la Administración Rosselló Nevares, en una movida que la JCF promovió, ha ocurrido una lucha constante de agencias que no quieren que la ASG rija sus compras y contratos y del propio gobierno que ha buscado crear exenciones a ese control.

Por ejemplo, en 2021, el exgobernador Pedro Pierluisi Urrutia emitió la orden ejecutiva 2021-29, en la que estableció procesos de competencia en contratos de servicios profesionales que pasen de $250,000, pero no para los de menor cuantía. A eso se sumó una carta circular de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) que creó la posibilidad de eximir de ese límite a las contrataciones que quisieran. Ninguna de las dos han sido revocadas por la actual gobernadora, Jenniffer González Colón, y la Junta lo considera un esquema para evadir los procesos de competencia que “no está alineado con las mejores prácticas a lo largo de las jurisdicciones estadounidenses”.

Inicialmente, la JCF, a través de su entonces directora ejecutiva, Natalie Jaresko, criticó el primer borrador de reglamento que la ASG le sometió sobre compras, pero luego de que ocurrieran enmiendas, lo avaló y aprobó también el nuevo conjunto de reglas.

Entre las disposiciones que entraron ahora hay listas que clasifican lo que es un servicio profesional, y lo que no lo es, para evitar que se pasen como profesionales (sin competencia) cosas que deben ser no profesionales (e ir a competencia). Los no profesionales incluyen ahora algunas áreas de alto gasto público, y de activación de cabilderos, como seguridad, empleo temporero, mantenimiento, licencias tecnológicas, servicios bancarios, alquiler de vehículos, centros de ayuda (call centers), cobro de cuentas y contratos de seguros no relacionados a la salud. Los profesionales incluyen representación legal, contabilidad, asesoría financiera, ingeniería, relaciones públicas, consultoría, arquitectura y servicios tecnológicos especializados.

Además, se estableció una Oficina de Investigaciones Especiales con capacidad de multar e intervenir aún con entidades que estén exentas de seguir los procesos en la ASG. La laguna que se crea cuando una entidad se declara exenta o excluida de seguir las reglas de la ASG se intenta atajar también disponiendo que los procesos de compra y contratación de estas tienen que estar preaprobados por la ASG, así como con la obligación de someter informes mensuales.

Pero, según la comunicación de la Junta del 5 de febrero, quedan tres debilidades que atender mediante legislación.

Precisamente, la primera es eliminar toda posibilidad de que una entidad pueda ser declarada exenta o excluida para que la ASG, como ha querido la Junta desde un principio, realmente sea el ente central de todas las contrataciones no profesionales y compras en el gobierno. La segunda es obligar a la competencia en los contratos de servicios profesionales. Y la tercera es un marco legal para dictar los alquileres de bienes raíces en los que incurren las agencias. Actualmente, esa área “no tiene requisitos robustos de competencia, resultando en control mínimo o en directrices para las extensiones o enmiendas de alquileres”.

A la vez que pidió estos cambios, el ente fiscal continuó condicionado contratos al gobierno, un tipo de intervención que hasta ahora no ha generado una controversia en los tribunales sobre hasta dónde llega el poder de la JCF para hacerlo.

El miércoles, aprobaron el contrato del Departamento de Salud con GM Sectec, Corp. para seguir proveyendo el servicio técnico de la tarjeta electrónica para el plan WIC durante cinco años por un total de $9.8 millones. Al final del nuevo contrato, la empresa acumularía 16 años siendo el suplidor de ese servicio, por lo que el ente fiscal eliminó la posibilidad de extenderle el contrato por tres años más para que Salud tenga que realizar otro proceso de competencia dentro de los próximos cinco años.

GM Sectec es lo que antes era GM Security Technologies, Inc.

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