Ante las expresiones y señalamientos que han trascendido públicamente sobre el funcionamiento de varios centros de inspección y el presunto vínculo de la secretaria del Departamento de la Vivienda, Ciary Pérez Peña, como propietaria de uno de estos centros en Yabucoa, los representantes populares Swanny Vargas y Ramón Torres solicitaron a la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez, que inicie una investigación criminal.

Las alegaciones que han circulado en foros públicos y medios de comunicación, según los legisladores, levantan serias preocupaciones sobre posibles conflictos de interés, uso indebido de información privilegiada y otras conductas que, de ser corroboradas, podrían constituir violaciones a las leyes y reglamentos vigentes.

“La confianza del pueblo en sus instituciones es sagrada. Cuando surgen dudas razonables sobre la conducta de un funcionario público, corresponde a las agencias con jurisdicción aclarar los hechos con total transparencia y sin consideraciones políticas”, dijo el Torres.

La solicitud a la Secretaría de Justicia busca que se determine, mediante una investigación independiente y objetiva, si existió algún tipo de actuación ilegal o impropia relacionada con los centros de inspección y si algún funcionario público utilizó su posición para beneficio personal o de terceros.

Se reiteró que esta petición no constituye una adjudicación de culpabilidad, sino un llamado responsable para que se esclarezcan los hechos y se garantice que todos los funcionarios públicos cumplan con los más altos estándares éticos y legales.

“El país merece respuestas claras. La transparencia y la rendición de cuentas no son opcionales; son deberes fundamentales del servicio público”, concluyó diciendo la Representante Swanny Vargas.

Ayer en la tarde, Pérez Peña autorizó una declaración pública en que indicó en que en ciertos medios se le ha dado «color» a una declaración «en la que se alegan ciertas cosas sobre esta servidora y un negocio familiar».

«Más allá de ser falsas como fueron falsas las relacionadas a un alegado pago de la Comisión Estatal de Elecciones. Lo curioso de esto es que, en vez de hacer una denuncia en los foros pertinentes, prefirieron utilizar unos medios específicos», indicó la funcionaria. «Invito a la persona que hizo las imputaciones a que deje el anonimato y en lugar de utilizar terceros someta las mismas a los foros correspondientes. Qué empeñe su palabra donde refutaré con pruebas las mentiras y especulaciones».

Pérez Peña aseguró que las imputaciones en su contra son difamatorias.

Las alegaciones fueron reportadas primero en el programa Los Datos son los Datos, de Jay Fonseca. Supuestamente un centro de inspección en Yabucoa tiene señalamientos administrativos como no pagar una fianza, inspecciones fraudulentas y no reportar la venta de algunos marbetes y figura registrado a nombre de Pérez Peña.

Los señalamientos levantados en el 2024 apuntan a que el centro fue auditado por el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y se le revocó el permiso de venta de marbetes. Un empleado del DTOP ha alegado que recibió amenazas por su trabajo relación al centro de inspección, llamado Tabucoa Auto Service HM.

Ayer el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jean Peña Payano, indicó que Pérez Peña «no tiene ningún vínculo” con la empresa dueño del centro de inspección señalado.

“Era un negocio familiar. Se han hecho unas insinuaciones y evidencia que ha circulado en algunos medios, pero ella, en su momento, dadas las connotaciones legales que tiene esto, va a expresarse en los foros pertinentes”, dijo Peña Payano según publicó El Nuevo Día.