La agencia anunció que ahora tendrán una “unidad antifraude”, pero no tiene claridad sobre si las querellas que someten los consumidores terminan atendiendo el problema que tuvo.

El secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Hiram Torres Montalvo, admitió que la agencia no conoce si los casos que resuelve a favor de algún consumidor realmente terminan atendiendo el problema que tenía el ciudadano cuando activó una querella en la agencia.

La expresión ocurrió ayer, durante una conferencia de prensa convocada para anunciar la “Unidad para la Detección de Esquemas Fraudulentos contra el Consumidor” adscrita a la oficina del secretario. Tras preguntas específicas de la prensa, surgió que esta nueva “unidad antifraude” no es nada más que añadirle a los directores regionales de la agencia la responsabilidad de monitorear redes sociales para, una vez identificado un posible esquema de fraude (“scam”), verificar que el mismo es real y notificarlo a los medios.

Torres Montalvo enfrentó preguntas sobre por qué dedicar recursos de la agencia para una gestión que otras agencias de gobierno y entidades del sector privado manejan. También, sobre si el propósito de su agencia debe ser meramente orientar al público o si debe ser de resolverle concretamente al consumidor instancias en las que puede haber sido víctima de prácticas comerciales abusivas.

El secretario defendió que la agencia sigue atendiendo sus responsabilidades de fiscalización, aunque su plantilla se ha reducido a unos 130 empleados. Y planteó que cada querella es como un juicio en el que hay que garantizarle derechos y debido proceso a todas las partes. “DACO es un tribunal”, observó.

El funcionario no tenía a la mano la información de cuántas querellas se atienden en comparación con cuántas se radican. “Hemos resuelto la mayoría”, aseguró. Pero sí especificó que las querellas radicadas fueron 11,000 en 2023; 6,000 en 2024 y 5,856 en 2025. Según la Oficina de Gerencia y Presupuesto, en esos mismos años, el presupuesto de la agencia fue de $12.5 millones, $9,431 millones y $16,087 millones, respectivamente. De hecho, el presupuesto vigente para el año fiscal que cierra en junio próximo son $16.6 millones, la asignación mayor que la agencia ha tenido en los últimos cuatro años.

A preguntas de si sabe cuánto valor le generan a los consumidores con las querellas que atienden, afirmó que, entre $10 y $12 millones anuales. Pero al profundizar sobre cuánto de eso se traducía a dinero o mercancía que el consumidor realmente había podido recuperar, dijo que no le es posible precisar eso porque la agencia puede resolver un caso a favor, pero entonces el consumidor corre con la responsabilidad de hacer valer esa decisión en un tribunal.

“Mi consejo… ¿usted ganó un caso en DACO? Es el momento que usted busque un abogado privado para que entonces lo ayude a ejecutar esa sentencia”, expresó el también exsecretario general del Partido Nuevo Progresista. “Sería extremadamente especulativo”, contestó a la pregunta de cuántos de los $12 millones en valor realmente llegaron a la mano del consumidor que radicó la querella.