Nueve exempleados de Sony Pictures Entertainment (SPE) han presentado una demanda colectiva contra el estudio de Hollywood, al que acusan de negligencia por permitir que su información personal quedara expuesta a los piratas informáticos el año pasado, informó hoy martes la revista ‘Variety’.

Según los demandantes, SPE no tomó las medidas necesarias para prevenir la fuga de datos en el masivo ciberataque que sufrió la empresa en noviembre, y su reacción tampoco estuvo a la altura de las circunstancias.

‘Tras el suceso, SPE se ha centrado en solucionar sus propios problemas y no en proteger la información sensible de sus empleados o minimizar el daño a sus empleados y sus familias’, se afirma en la documentación legal, entregada en los juzgados de Los Ángeles.

En la demanda colectiva se indica que más de 15,200 números de la seguridad social de empleados y exempleados quedaron expuestos a los ‘hackers’, incluidos los datos de personal cuya ultima relación laboral con Sony se remonta a 1955.

En noviembre, unos piratas informáticos que se hacían llamar ‘Guardians of Peace’ se metieron en la red de Sony y extrajeron datos personales y financieros archivados por la empresa.

La filtración incluyó cinco películas nuevas (‘Fury’, ‘Mr. Turner’, ‘Still Alice’, ‘Annie’ y ‘To Write Love On Her Arms’) y numerosos correos electrónicos comprometedores.

El ataque a Sony, según se supo después, estuvo orquestado desde Corea del Norte como represalia por la realización de la comedia ‘The Interview’, un filme que se burla del líder norcoreano, Kim Jong-un, y expone un plan para asesinarlo.

Las amenazas de los ‘hackers’ llevaron a que Sony cancelara su estreno previsto para el 25 de diciembre, algo que no agradó a la Casa Blanca, si bien el estudio terminó por retractarse y permitir el debut de ‘The Interview’ en 300 salas de cine de EEUU.

En febrero, SPE anunció el cese de Amy Pascal, copresidenta de SPE y responsable de la gestión del estudio cinematográfico, quien fue sustituida por Tom Rothman, que ejercía como presidente de TriStar Prictures, empresa propiedad de Sony.

La demanda colectiva se añade a las individuales ya presentadas por exempleados en diciembre y enero.

En la documentación judicial, los demandantes indicaron que SPE se esforzó en proteger su propiedad intelectual y puso en marcha una campaña de márketing para impedir que se deteriorara su imagen en exceso, mientras que ellos quedaron a merced del robo de identidad y se convirtieron en posibles víctimas de fraude fiscal y financiero.

Los demandantes piden una indemnización por parte del estudio, y que los tribunales obliguen a Sony a tomar medidas para que una filtración así se vuelva a repetir.

Tras el ciberataque, Sony ofreció costear un programa de protección ante robos de identidad a todos los empleados y exempleados durante un año.