El presidente del Senado quiere más documentos sobre lío de Suzanne Roig
Ha trascendido que Roig Fuertes no notificó al Senado, mientras era evaluada su nominación a Secretaria de la Familia, que fue blanco de una investigación.
Thomas Rivera Schatz atendiendo a la prensa ayer en su oficina. Juan R. Costa/NotiCel.
El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, indicó que solicitará documentos adicionales en el contexto de las actuaciones de Suzanne Roig Fuertes como funcionaria del Departamento de Salud y su decisión de supuestamente impulsar un contrato como directora de la División de Servicios para las Personas con Discapacidad Intelectual (DSPDI) del que se benefició su pareja.
El lunes, el Departamento de Justicia entregó al Senado lo que se conoce como un Informe de Cierre que detalla las circunstancias en que cerró una investigación en contra de Roig Fuertes tras ser separada de su posición en el Departamento de Salud y ser referida por esta agencia.
Rivera Schatz anunció hoy que solicitará a Justicia si existe un documento, además del informe de cierre, que constituya «algún tipo notificación, apercibimiento o informando a Suzanne Roig que era tarjeta o persona de interés en cualquier investigación administrativa, civil o criminal sobre los hechos del contrato en discusión actualmente entre los años 2021 y 2025».
Ha trascendido que Roig Fuertes no notificó al Senado, mientras era evaluada su nominación a Secretaria de la Familia, que fue blanco de una investigación. Quien la refirió a Justicia, el exsecretario de Salud, Carlos Mellado, es contratista del Senado.
Rivera Schatz también quiere conocer si en el 2025 Justicia le notificó a Roig Fuertes de la existencia de una investigación “inconclusa” o “en curso” que la señalaba como persona de interés. Igualmente si se le notificó que se había cerrado la investigación y quienes fueron notificados.
El presidente del Senado también quiere una «copia certificada» del expediente investigativo que levantó Miguel Verdiales en Salud y que dio paso al referido a Justicia.
Además, quiere saber si el paciente mental en medio de toda la controversia «se encuentra actualmente recibiéndolos (los servicios), a qué costo y nombre de los proveedores».
«El objetivo es, si corresponde, fijar responsabilidades, asegurar el servicio a quien lo necesita y que se conozcan todos los hechos de este caso», dijo Rivera Schatz.
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