La medida también extiende hasta diciembre de 2032 la generación de energía a base de carbón, que actualmente representa el 25 por ciento de la demanda energética de Puerto Rico.

La gobernadora Jenniffer González Colón, firmó el miércoles sus primeras dos leyes, enfocadas en la transformación del sistema energético de la Isla.

Con esta acción, la Mandataria comenzó con su compromiso de establecer una política energética coherente y alineada con la realidad del País, según informó.

“La eliminación de las metas intermedias de energía renovable, manteniendo la meta de 100 por ciento para el 2050, permitirá flexibilizar la conversión de plantas generatrices a fuentes más limpias, incluyendo el gas natural y el hidrógeno”, señaló González Colón en declaraciones escritas.

La Ley 1-2025 (PC 267) actualiza las metas de energía renovable, eliminando las metas intermedias para facilitar una transición más realista y asequible. Según el Gobierno, la obligación de cumplir con las metas intermedias ha impedido que el Negociado de Energía apruebe fuentes de generación más limpias y costo-eficientes.

La medida también extiende hasta diciembre de 2032 la generación de energía a base de carbón, que actualmente representa el 25 por ciento de la demanda energética de Puerto Rico. Según la Gobernadora, en la isla aún no existe una fuente confiable y accesible que sustituya esa capacidad energética.

Estas decisiones son el resultado de cinco reuniones que González Colón ha sostenido desde diciembre de 2024 con su Comité para la Transformación Energética de Puerto Rico, compuesto por representantes del sector público y privado.

Por otra parte, la Ley 2-2025 (PC 268) aumenta las multas que el Negociado de Energía puede imponer a los operadores de las Alianzas Público-Privadas, como LUMA Energy y Genera PR, por incumplimientos contractuales.

El estatuto enmienda el Artículo 6.36 de la Ley de Transformación y Alivio Energético (Ley 57-2014) para fortalecer la capacidad fiscalizadora del Negociado y permitirle incautar acreencias que los operadores tengan con entidades gubernamentales, con el fin de asegurar el cobro de penalidades.

“El objetivo es otorgarle al Negociado de Energía mayor autoridad sobre sus regulados y establecer sanciones verdaderamente punitivas para asegurar el cumplimiento de los contratos”, concluyó la Gobernadora.