Según la Contralora, se pudo haber configurado delitos de negligencia en el cumplimiento del deber, malversación de fondos públicos y contra la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental.

La Oficina del Contralor de Puerto Rico emitió una opinión adversa sobre las operaciones fiscales del Municipio de Río Grande, de acuerdo con una auditoría realizada en el periodo del 1 de julio de 2017 al 31 de diciembre de 2021.

Las pruebas efectuadas y la evidencia revelaron que las operaciones fiscales relacionadas con la compra de bienes y servicios, pago de deudas a entidades gubernamentales, y uso de vehículos de motor, entre otros, no se realizaron de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables.

El informe revela que el municipio pagó $279,501, del 2016 al 2020, por el alquiler de vehículos en contravención con la legalidad estatal y federal vigente. El municipio no solicitó cotizaciones de al menos, tres proveedores representativos en el mercado, no preparó un análisis de costos, ni documentaron las razones para alquilar los vehículos por un periodo en exceso de 90 días consecutivos.

La auditoría de seis hallazgos señala que el municipio tampoco formalizó contratos de alquiler para los vehículos, sino que la compañía presentaba unos acuerdos de arrendamiento que no tenían la firma del alcalde, ni la del arrendador. Los cargos indicados en el acuerdo no coincidían con los totales de las facturas. Además, los auditores no identificaron el acuerdo de arrendamiento de un camión refrigerado por el cual se desembolsó $62,268.

Por estos hechos se pudo haber configurado delitos de negligencia en el cumplimiento del deber, malversación de fondos públicos y contra la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental. Estas situaciones se atribuyen a que el alcalde y los entonces directores de Finanzas se apartaron de las disposiciones de ley aplicables y a que la entonces encargada de la propiedad desconocía el proceso de compras.

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El informe publica que el municipio realizó pagos duplicados por el alquiler de vehículos, seguro y servicio de peaje autoexpreso. Por ejemplo, pagó $5,126 dos veces por siete vehículos, de los cuales $3,268 eran fondos federales, y pagó $28,328 dos veces por 12 vehículos, durante el periodo auditado. Al respecto se identificaron también múltiples deficiencias en el cumplimiento del Código Municipal de 2020 y el Reglamento Municipal de 2016.

Estas situaciones se remitieron al secretario de Justicia, al director de la Oficina de Ética Gubernamental y a la entonces presidenta de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Independiente (OPFEI). Además, se le notificaron estos hallazgos al Negociado Federal de Investigaciones y al jefe de la Fiscalía Federal del Distrito de Puerto Rico.

El 26 de marzo de 2024, el secretario de Justicia recomendó a la OPFEI la designación de un fiscal especial independiente para investigar al alcalde y al exdirector de Finanzas. La investigación preliminar de la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor concluyó que existe causa suficiente que indica que estos funcionarios cometieron los delitos de incumplimiento en el deber (artículo 262) y malversación de fondos públicos (artículo 264), del Código Penal de Puerto Rico. Al respecto, la OPFEI asignó fiscales especiales independientes el 21 de junio de 2024.

La auditoría revela que Río Grande adeudaba en el 2021, $192,479 a la compañía LUMA Energy ServCo, LLC por el consumo de energía en las instalaciones municipales. Además, desembolsó $12,710 en intereses y recargos al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, por retrasos en los pagos de las contribuciones al seguro por desempleo.

El municipio de Río Grande carece de un proceso de disposición de propiedad municipal inservible. Los auditores verificaron la existencia de 77 unidades de vehículos de motor abandonados y cubiertos de vegetación en los predios de la propiedad municipal.

El informe indica que el alcalde no cumplió con su deber con respecto al control y la administración de documentos públicos. Para el periodo auditado, no existían normas sobre la disposición de documentos, el puesto de administrador de documentos estaba vacante y mantenían todavía en el archivo los documentos autorizados a decomisar por el Instituto de Cultura Puertorriqueña. El archivo, de hecho, no tenía acondicionador de aire, ni deshumidificador, y se observaron filtraciones de agua y humedad en el techo, paredes y ventanas.

La auditoría comenta que, al 27 de septiembre de 2021, nueve demandas civiles por $1,367,891 estaban pendiente de resolución en los tribunales. Además, el municipio no ha atendido la recomendación de recobrar $74,468 evidenciado en el Informe de Auditoría M-16-21 de 2016.

El presupuesto general de Río Grande fue de $16,774,843, $16,273,953, $16,394,389, $16,430,167, y $16,447,576 para los años fiscales del 2018 al 2022, respectivamente.

Además de los referidos indicados arriba, el informe le recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto que se asegure que el municipio cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la OCPR.

Lee aquí el informe completo: