La Federación de la Magistratura de Puerto Rico considera que este tema merece atención directa y sin rodeos.

La confianza ciudadana en el Poder Judicial no es un lujo institucional. Es la condición sin la cual el sistema de justicia deja de funcionar como sistema. Un tribunal puede tener los mejores jueces, los procedimientos más modernos y las instalaciones más adecuadas; pero si la ciudadanía no confía en él, las sentencias no se acatan voluntariamente, los testigos no colaboran, las víctimas no denuncian y el contrato social que sostiene la convivencia democrática se fractura silenciosamente. La Federación de la Magistratura de Puerto Rico considera que este tema merece atención directa y sin rodeos.

Los datos regionales son un punto de partida obligado. Según el Latinobarómetro 2024, la confianza promedio en el Poder Judicial en América Latina es de apenas un 28%. En la región con las mayores desigualdades del mundo, donde la percepción de impunidad es cotidiana, solo tres de cada diez ciudadanos confían en sus tribunales. Puerto Rico no está incluido en esa medición — somos una jurisdicción sui generis— pero los factores que erosionan esa confianza en el resto de la región están presentes aquí también: la lentitud de los procesos, la percepción de desigualdad ante la ley y la distancia entre la institución y la comunidad a la que sirve.

Cómo se pierde

La confianza no se pierde de una sola vez. Se erosiona en capas, cada una más difícil de recuperar que la anterior. La primera capa es la dilación. Cuando una víctima de violencia doméstica espera meses para que se resuelva su caso, cuando un comerciante aguarda años por una sentencia en un pleito civil, cuando un acusado tiene que reclamar su derecho a no permanecer en detención preventiva más allá de los 180 días que le garantiza el Artículo II, Sección 11 de la Constitución de Puerto Rico, el mensaje que recibe no es que el sistema es lento; es que el sistema no lo considera una prioridad. La percepción de abandono institucional es la forma más silenciosa y corrosiva de pérdida de confianza.

La segunda capa es la percepción de desigualdad. La confianza en la justicia se desmorona cuando el ciudadano ordinario percibe —con razón o sin ella, pero frecuentemente con razón— que la ley se aplica de manera diferente según quién sea el acusado, quién sea su abogado o cuántos recursos económicos tenga para litigar. El dicho popular es brutal en su precisión: la justicia es para el que la puede pagar. Mientras esa percepción permanezca arraigada, ninguna campaña de relaciones públicas institucionales será suficiente para reconstruir la confianza perdida.

La tercera capa, más reciente y veloz en sus efectos, es la exposición mediática sin contexto. Vivimos en una era en que una sentencia puede convertirse en titular en cuestión de minutos, despojada de los matices jurídicos que la explican y reducida a una narrativa de víctima y villano. El juez o la jueza que aplicó el derecho correctamente queda en la picota pública por una decisión que no puede explicar porque la ética judicial le prohíbe litigar su posición en los medios. La institución queda sin voz en el momento en que más la necesita.

Cómo se gana

La confianza judicial no se conquista con discursos ni con comunicados institucionales. Se gana en la sala de vistas, en la ventanilla de la secretaría, en la llamada de seguimiento al expediente, en la sentencia que explica sus razones con claridad suficiente para que quien pierde el caso entienda por qué perdió, aunque no esté de acuerdo. Se gana, fundamentalmente, en la experiencia que el ciudadano tiene del sistema cuando lo necesita.

La celeridad importa. No porque la rapidez sea sinónimo de buena justicia —no lo es— sino porque la dilación injustificada transmite indiferencia. El Poder Judicial de Puerto Rico ha avanzado significativamente en el uso de tecnología para acelerar procesos: el sistema de presentación electrónica de documentos, el Tribunal Electrónico para solicitudes urgentes, la transmisión en vivo de vistas. Esos avances son reales y merecen reconocimiento. Pero la tecnología es un instrumento; la confianza depende de lo que se hace con ella.

La transparencia importa también, pero de una manera específica. No se trata de que el Poder Judicial se convierta en su propio portavoz mediático ni de que los jueces salgan a defender sus sentencias en redes sociales. Se trata de que las decisiones estén escritas de manera comprensible, de que los procesos sean predecibles y accesibles, de que quien entra al sistema judicial sepa qué esperar y cuándo. La opacidad —aunque sea involuntaria— alimenta la sospecha.

La presencia comunitaria importa de manera que frecuentemente se subestima. Los jueces y juezas que participan en actividades educativas en escuelas, que hablan con comunidades sobre sus derechos, que hacen visible la función judicial antes de que el ciudadano la necesite, construyen confianza de manera preventiva. Un sistema judicial que solo aparece cuando hay conflicto será siempre percibido como amenaza. Uno que aparece también fuera del conflicto puede convertirse en referencia.

El rol de la magistratura en esta conversación

La Federación de la Magistratura de Puerto Rico tiene una responsabilidad específica en este debate. No somos solo los beneficiarios de la confianza ciudadana; somos actores con la capacidad y la obligación de contribuir a construirla o —si fallamos— a erosionarla. Cada sentencia bien razonada, cada vista atendida con el respeto que la dignidad de las partes exige, cada proceso conducido con ecuanimidad e imparcialidad es un depósito en la cuenta de la confianza pública. Cada dilación injustificada, cada trato desdeñoso, cada decisión que parece arbitraria es un retiro de esa misma cuenta.

Pero la confianza ciudadana en la justicia no es responsabilidad exclusiva de los jueces. Es una responsabilidad compartida con el Legislativo, que debe dotar al Poder Judicial de los recursos que necesita para operar con agilidad y equidad. Con el Ejecutivo, que debe garantizar que las órdenes judiciales se ejecuten. Con la abogacía, que tiene el deber de asesorar a sus clientes con honestidad sobre lo que el sistema puede y no puede ofrecer. Y con los medios de comunicación, que tienen el poder de contextualizar o de distorsionar la imagen que la ciudadanía se forma de sus tribunales.

La legitimidad que no se hereda

La legitimidad del Poder Judicial no se hereda por el solo hecho de existir. No se garantiza por decreto ni se sostiene con el peso de la tradición. Se gana —lenta, paciente, decisión por decisión— y se puede perder con sorprendente rapidez ante la acumulación de experiencias negativas que el ciudadano acumula y comparte.

Puerto Rico necesita un Poder Judicial en el que la ciudadanía confíe no porque no tenga alternativa, sino porque la experiencia lo justifica. Ese es el horizonte al que la Federación de la Magistratura aspira y hacia el que seguirá trabajando, con la convicción de que la justicia que se gana en la confianza del pueblo es la única que merece el nombre de justicia.

El autor es juez del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico y presidente de la Federación de la Magistratura de Puerto Rico. Este artículo es publicado en representación de dicha organización en el ejercicio de sus funciones institucionales. De conformidad con el Canon 24 del Código de Ética Judicial, el autor se abstiene de expresar opinión sobre cualquier asunto pendiente ante los tribunales.