Un informe que analiza la relación de dos de los miembros de la Junta de Control Fiscal con la institución financiera Santander Securities fue dado a conocer por la organización fiscalizadora Hedge Clippers como parte de una serie de tres informes en los cuales analizan la deuda del gobierno de Puerto Rico.

En el informe de 20 páginas titulado ‘Piratas del Caribe’ se relata cómo los expresidentes del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), José Ramón González y Carlos García, fueron también principales oficiales ejecutivos de Santander, estableciendo y fortaleciendo a Santander Securities, la división encargada del negocio de bonos municipales del banco.

‘Juntos construyeron Santander Securities, estableciéndose como uno de los principales suscribientes de emisiones de bonos al tiempo que crecía la deuda pública de Puerto Rico. Este negocio trajo ingresos sustanciales en cargos por servicio al banco’, explica en su introducción el informe suscrito por la organización que agrupa activistas de decenas de organizaciones.

El informe señala que Santander tuvo un rol como suscribiente de emisiones que totalizan $61.2 mil millones, casi la totalidad de los $70 mil millones que se utilizan como un estimado de la deuda pendiente del gobierno de Puerto Rico. Más de $1,000 millones de estas emisiones se le pagaron por concepto de cargos a Santander y otros bancos.

‘El equipo Santander mantuvo su control sobre el BGF durante toda la administración Fortuño. En el 2011, Juan Carlos Batlle se movió de un rol senior en Santander a reemplazar a Carlos García a la cabeza del BGF mientras que su hermano Fernando dejaba el BGF para convertirse en el principal oficial ejecutivo de Santander Securities. Había una virtual puerta giratoria de hermanos, rotándose entre los roles de suscribientes de bonos y la dirección de la agencia encargada de seleccionar los suscribientes de bonos. Cuando Carlos García dejó el BGF, regresó a Santander donde se convirtió en el vicepresidente ejecutivo de la compañía’.

‘En nuestro análisis sobre la deuda pública de Puerto Rico, encontramos al menos 90 instancias en las que Santander participó suscribiendo emisiones de bonos municipales, desde bonos de obligaciones generales, los bonos extra constitucionales COFINA (Corporación del Fondo de Interés Apremiante), hasta las afiliadas o subsidiarias del Banco Gubernamental de Fomento – incluyendo la Autoridad de Energía Eléctrica, el plan de pensiones públicas, el Sistema de Retiro de Empleados Públicos, Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda, Compañía de Hoteles y Turismo, Acueductos y Alcantarillados, Edificios Públicos, Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura y otros’, apunta el informe.

El reporte de Hedge Clippers se enfoca en tres características usuales para bonos catalogados como depredadores o controversiales: bonos de apreciación de capital, interés capitalizado y pagos por rescisión de contratos de canje. El uso de bonos de apreciación de capital ha sido restringido en estados como California y Texas, pues el deudor no paga ni interés ni principal hasta que los bonos venzan resultando en un pago final excesivamente alto.

En el caso de Puerto Rico, Santander Securities suscribió este tipo de producto, resultando en un principal de $2.3 mil millones con intereses totalizando $10.2 mil millones, a un 433%. Además, una tercera parte de la deuda emitida en conjunto con Santander Securities representa $1.5 mil millones en interés capitalizado, que fundamentalmente es interés sobre interés. Para cancelar contratos de canje pues las degradaciones de los bonos de Puerto Rico por las casas acreditadoras hacían las transacciones muy perdidosas, se pagaron unos $735 millones.

En un intento gubernamental por detener las degradaciones del crédito boricua, surge la figura de los bonos COFINA creada como una estructura independiente que utilizaba como fuente de ingreso el impuesto sobre las ventas y el uso. Una de las emisiones controversiales de $337 millones en bonos COFINA contaba con los hermanos Juan Carlos y Fernando Batlle, al mando del BGF y de Santander Securities, respectivamente.

‘El crecimiento de la deuda por los pasados 10 años ha provisto enormes ganancias a los bancos seleccionados por el BGF para suscribir sus bonos. Estos incluyeron bancos globales como Citigroup, Goldman Sachs y Merrill Lynch, pero también incluye bancos locales como Popular, Oriental y Santander. El Wall Street Journal estimó en el 2013 que Puerto Rico había emitido $61 mil millones en bonos desde 2006, pagando a firmas de corretaje, abogados y otros sobre $1.4 mil millones en cargos’, detalla el primero de tres informes.

En su conclusión, el reporte señala a Santander Securities como uno de los artífices de la ruina del erario.

‘Santander debe reembolsar todos los cargos y descuentos que recibió del gobierno, incluyendo sus corporaciones públicas e instrumentalidades como COFINA. Demasiada deuda que Santander suscribió era cuestionable o fue emitida cuando el banco tenía relaciones en conflicto con el gobierno. José Ramón González y Carlos García deben renunciar a la Junta de Control Fiscal. Como arquitectos de la crisis de la deuda, no deben permanecer en posiciones de poder para adjudicar su desenlace’, señala.

Finalmente, Hedge Clippers expresó su apoyo a la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público.

‘Demasiadas preguntas permanecen sobre la creación de la deuda y si esta es o no legítima’, concluye el informe.