El contralor electoral, Manuel Torres afirmó el miercoles que los señalamientos esbozados en el juicio federal por corrupción contra el exrecaudador del Partido Popular Democrático (PPD), deben dar paso a una reforma de la Ley de Financiamiento de Campañas Políticas en la isla, mientras que las pesquisas que se cursan a nivel estatal serán extensivas a quien sea necesario según sean implicados en el proceso judicial.

‘Sea esta Asamblea Legislativa o sea la otra, tienen que atender el asunto del inversionismo político con una reforma real del sistema de financiamiento de campaña que debe comenzar por prohibir el dinero anónimo, el efectivo en las campañas. Yo creo que ha llegado el momento de tomar una acción importante en ese sentido y prohibir ese recaudo en efectivo’, dijo Torres en entrevista radial (NotiUno).

Dijo que este esquema gestado durante la pasada campaña, se produjo a pesar de diversos mecanismos de fiscalización que se han establecido. Sin embargo, aun se permiten los recaudos en efectivo, lo que según Torres, abre la puerta para actuaciones indebidas.

‘Tenemos que evaluar cuál fue la acción y tenemos que evaluar que es lo que la ley establece para poder adjudicar responsabilidades. La Ley de Financiamiento de Campaña le aplica en todo a todos los que participan en el financiamiento de campaña, desde el que dona hasta los suplidores. En la medida que encontremos una violación que le aplica directamente a una personas, pues contra esa persona iremos’, detalló Torres.

Funcionarios de la Oficina del Contralor Electoral y del Departamento de Justicia (DJ) se reunieron la tarde del martes para establecer un proceso de evaluar los testimonios que surgen contra Hernández y para identificar las posibles violaciones en materia de financiamiento de campañas políticas en la isla.

‘Hay varias áreas del testimonio del señor Hernández que nos han preocupado y otros testigos adicionales sobre principalmente este asunto de los donativos en efectivo de 180 mil dólares. En el caso de Lutgardo Acevedo también se habla de un donativo de 25 mil dólares. El señor Hernández dijo que cuando llegaban al tope, usaban nombres de otras personas para justificar esos donativos’, afirmó.

Por su parte, el secretario del DJ, César Miranda dijo en entrevista en la misma emisora que ‘cualquier persona que pueda haber cometido una infracción bajo las leyes locales y que esa infracción haya sido objeto de una acusación en la jurisdicción federal, puede ser investigada y puede ser procesada bajo el sistema jurídico del país’.

Sin embargo, el funcionario no quiso especificar nombre de los legisladores y otros funcionarios que pudieran ser procesados. En el proceso judicial federal han salido relucir el expresidente cameral, Jaime Perelló, los senadores Jorge Suárez y Maritere González, así como el exsenador y excomisionado electoral del PPD, Eder Ortiz.

Miranda admitió que cuando el DJ se disponía a digitalizar el sistema del Registro de la Propiedad, recibieron una propuesta de la empresa 3Comm Global, propiedad de Hernández. Sin embargo, la empresa no fue contratada, pues la agencia exige una fianza igual al monto del contrato. No obstante, negó haber recibido llamadas de la Fortaleza para mediar en la otorgación del contrato a esta empresa.

Coincidió con el contralor electoral con que hay que reformar la Ley de Financiamiento de Campañas.

Finalmente, el presidente de Comisión Senatorial de Ética, Miguel Pereira confirmó la activación de la comisión a pedido del presidente del Senado, Eduardo Bhatia para entablar una pesquisa contra la senadora González. Además, no descartó que la investigación se pueda extender hacia el senador Suárez.

‘Claro. La alerta es al proceso que se está siguiendo en el Tribunal Federal. Así que todo lo que se diga allí de todas las personas que estén bajo la jurisdicción de la comisión, se van a incluir en el proceso de atención. Claro’, explicó en entrevista en la mencionada estación radial.

Además, aclaró que el organismo senatorial tiene jurisdicción para investigar hasta 30 días antes de un proceso electoral, mientras que faltan poco más de dos meses para las elecciones.