El proyecto no atiende el costo de estas evaluaciones y si serán costeadas por el Departamento de Educación.

La senadora penepé Brenda Pérez Soto ha presentado una medida dirigida a que todo personal del sistema público de enseñanza que tenga contacto con menores tenga, al momento de ser contrato, someterse a una prueba sicológica.

El Proyecto del Senado 969 solo alude a nuevas contrataciones, pero el comunicado que acompaña la medida indica que  “todo maestro o personal docente” sea sometido a pruebas sicológicas y obtener una certificación al amparo de la Ley de Verificación de Credenciales e Historial Delictivo de Proveedores a Niños, Personas con Impedimentos y Profesionales de la Salud (Ley 300-1999).

“Dicha evaluación tendrá como único propósito certificar que la persona es emocional y psicológicamente apta para desempeñar funciones educativas con menores de edad, y no constituirá una evaluación clínica, diagnóstica ni terapéutica”, lee el proyecto referido a la Comisión de Educación, Arte y Cultura, que preside Pérez Soto. El proyecto dispone que las evaluaciones serán administradas por psicólogos debidamente licenciados, pero deja en manos de reglamentación interna identificar quienes serán esos profesionales de la conducta humana.

El proyecto tampoco atiende el costo de estas evaluaciones y si serán costeadas por el Departamento de Educación.

“Estamos cumpliendo con nuestra promesa de ofrecer a nuestros estudiantes una educación segura, de calidad y con las mejores condiciones posibles, al tiempo que aseguramos un ambiente laboral estructurado y confiable para nuestros educadores”, dijo Pérez Soto.