Desde el 2005: seis gobernadores y cero soluciones

Puerto Rico enfrenta una creciente crisis de erosión costera que amenaza no solo el equilibrio ambiental, sino también la economía y la seguridad de las comunidades costeras. Según expertos y documentos oficiales publicados en Noticel.com, esta erosión acelerada conlleva la pérdida de playas y dunas, la degradación de hábitats naturales y el aumento de la vulnerabilidad a inundaciones y eventos climáticos extremos.

El problema actual y sus consecuencias

En un informe presentado en mayo de 2026, el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico advirtió sobre la erosión acelerada, la pérdida de cobertura vegetal y la vulnerabilidad incrementada a inundaciones en las zonas costeras, señalando que la ausencia de salvaguardas claras para estas áreas críticas podría permitir desarrollos sin la debida evaluación técnica previa, lo que a la larga resulta en impactos difíciles o imposibles de mitigar.

El Dr. Miguel Canals, director del Centro de Ciencias Aplicadas y de Ingeniería Oceánica de la UPR en Mayagüez, explicó que la propuesta del Senado de Puerto Rico para redefinir la zona marítimo-terrestre (ZMT) con base en el nivel medio de pleamar en un régimen micro-mareal como el de Puerto Rico es técnicamente errónea y propiciaría la privatización de miles de cuerdas de playa seca y dunas que actualmente son bienes públicos. Canals manifestó que esto abona a la erosión costera, trastoca la economía costera tradicional, pues limita el uso público y comercial de las playas, afectando directamente el turismo, el comercio local y la recreación. «Este proyecto representa un retroceso de más de 50 años en política pública ambiental», enfatizó.

El riesgo de no actuar con prontitud conlleva la exacerbación de eventos climáticos severos, pérdida irreversible de ecosistemas costeros y un impacto económico profundo, dado que las playas son un motor vital para la economía de Puerto Rico.

Acciones de los gobernadores para atender la erosión costera

A lo largo de los últimas 20 años, los gobernadores han tomado medidas para enfrentar la erosión y proteger las costas de Puerto Rico. Sin embargo, el hecho de que la gobernadora, Jenniffer González Colón, busca alternativas para resolver el problema, es demostrativo de que muy poco se ha logrado.

González Colón firmó la pasada semana la Orden Ejecutiva-2026-27 para declarar un estado de emergencia ante la erosión costera en municipios como Loíza. En sus declaraciones afirmó que, «mi administración está actuando con urgencia para proteger vidas, propiedades e infraestructura crítica en nuestras comunidades costeras.» También, destacó que buscaban agilizar la asignación de fondos federales y fortalecer la coordinación entre agencias para atacar este problema integralmente. Previamente, en su rol como comisionada residente, había anunciado la aprobación de estudios de viabilidad y la inauguración de proyectos para el control de erosión en Loíza.

Pedro Pierluisi (2021-2024), firmó en abril de 2023, la orden ejecutiva 2023-009 que declaró una emergencia por erosión costera en Puerto Rico. Esta orden busca acelerar la respuesta gubernamental ante la grave situación y fortalecer mecanismos de protección ambiental e infraestructura. Pierluisi ha señalado la necesidad de una mirada coordinada para enfrentar la erosión, aunque en algunos sectores ha recibido críticas por la ambigüedad en los términos y la aplicación de la orden. Se han efectuado visitas oculares a áreas vulnerables para evaluar daños y reforzar proyectos de mitigación en coordinación con agencias federales.

Durante su administración, Wanda Vázquez Garced (2019-2020) al tomar las riendas del país, no tenía una política pública ambiental clara. Sin embargo, promovió legislación para declarar los arrecifes como esenciales para la protección de las costas, buscando atraer fondos estatales y federales para su conservación. Si bien su gestión enfrentó retos burocráticos y limitaciones, hubo avances en el reconocimiento de ecosistemas clave para el manejo costero.

Ricardo Rosselló (2017-2019), asignó más de $10 millones para llevar a cabo estudios costeros en alianza con la Guardia Costanera de Estados Unidos. Rosselló resaltó la importancia de acuerdos con agencias federales para atender las necesidades del litoral y la mitigación de riesgos ante desastres naturales. No obstante, fue criticado por la percepción de falta de un plan integral y sentido real de urgencia en políticas climáticas.

La postura oficial del exgobernador Alejandro García Padilla (2013-2016) sobre la erosión costera, reflejó alguna preocupación por el problema, pero también estaba limitada por la crisis fiscal del gobierno en ese momento. En el 2016, se reportó, en los medios, durante una visita a la isla de funcionarios federales para abordar la erosión costera y participaban en esfuerzos relacionados con cambio climático, que el tema de la crisis fiscal impedía que se pudieran atender adecuadamente los problemas de erosión en infraestructuras públicas vulnerables.

En enero de 2016, hubo solicitudes para que García Padilla declarara zona de emergencia la comunidad de Loíza debido a la erosión costera severa que afectaba a la zona, aunque no hay evidencia clara de una declaración formal de emergencia firmada por él en ese período. No obstante, durante su mandato, García Padilla también firmó órdenes ejecutivas vinculadas a políticas públicas sobre cambio climático, lo que indica que estaba consciente de la necesidad de medidas para la mitigación de problemas ambientales, incluida la erosión costera, pero enfrentó limitaciones propias de la situación fiscal del país.

Luis Fortuño (2009-2012) fue uno de los primeros gobernadores en visibilizar el impacto de la erosión en la competitividad turística de la isla, destacando que preservar las playas es vital para mantener el atractivo económico de Puerto Rico. Su administración impulsó políticas orientadas a la conservación y promoción del turismo sostenible, pero no propuso acciones directas para proteger las playa ni la erosión costera.

Por último, Aníbal Acevedo Vilá (2005-2008), durante su mandato, firmó la Ley 246 de 2008, conocida como la Ley de Protección y Conservación de la Costa y Control de Erosión. Esta legislación estableció medidas para el manejo integrado y sostenible de las zonas costeras, promoviendo la conservación de playas, dunas y hábitats naturales, con énfasis en prácticas de mitigación como la siembra de árboles en áreas afectadas para estabilizar suelos y frenar la erosión.

Además, incluía disposiciones para regular el uso de tierras adyacentes a la costa a fin de minimizar el impacto humano y fomentar la restauración ecológica. La Orden Ejecutiva 2008-041, firmada asimismo por Acevedo Vilá, complementó estas acciones impulsando la reforestación de áreas costeras vulnerables. Sin embargo, la aplicación práctica de esta ley ha enfrentado diversos retos, como limitaciones presupuestarias y dificultades administrativas.

La urgencia de un enfoque integral

La erosión costera representa un problema multidimensional que afecta el ambiente, el desarrollo económico y la seguridad de las comunidades. La gobernadora explicó el 27 de mayo de 2026, «estamos ante una condición crítica que requiere respuesta inmediata para salvaguardar no solo el ambiente, sino la seguridad y la economía de nuestras comunidades.»

Expertos en este tema coinciden en que solo con la asignación adecuada de recursos, la coordinación gubernamental y un compromiso político sostenido se podrá preservar la vitalidad costera de Puerto Rico y garantizar su resiliencia frente al cambio climático.