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Afirma que no renunciará y que no favoreció a nadie cuando trabajaba en Salud

“La realidad es que ese contrato fue firmado por una de las tres firmas que él (Carlos Mellado, secretario de Salud) delegó. Yo no firmé ese contrato y tampoco lo aprobé», afirmó Roig Fuertes.

Por Omar Marrero Apr 29, 2026
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Afirma que no renunciará y que no favoreció a nadie cuando trabajaba en Salud

Suzanne Roig Fuertes, secretaria de la Familia. (Nickolas N. Torres/NotiCel)

La secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, negó hoy que haya negociado un contrato para favorecer a su pareja mientras trabajó en el Departamento de Salud y aseguró que no tiene razones para renunciar a su actual posición como secretaria.

En una entrevista radial (WKAQ), Roig Fuertes afirmó que sigue enfocada en su trabajo y que se siente “tranquila”.

“Claro que estoy tranquila, enfocada en el trabajo, en cumplir con el plan de gobierno de nuestra gobernadora y más que nada atender a la agencia. Siempre he actuado conforme a la ley. Mi conciencia está tranquila”, dijo en la entrevista.

“No voy a renunciar, estoy bien enfocada en mi trabajo, no me he detenido en ningún momento y vamos a continuar con el mismo compromiso, la misma energía que siempre me ha destacado, sirviendo y llevando a que el departamento sea uno mucha más ágil, accesible y eficiente”, expresó la funcionaria.

Roig Fuertes, quien en la pasada administración dirigía la División de Servicios para las Personas con Discapacidad Intelectual (DSPDI) del Departamento de Salud, ha sido imputada de intervenir para que su entonces pareja obtuviera un contrato con Salud para que su empresa ofreciera servicios a un participante del programa.

Según una declaración jurada, Roig Fuertes directamente había condicionado la contratación del hogar por $60,000 mensuales a que el hogar subcontratara a One Source Investigations (OSI) para proveer los servicios de “cuidador”. 

El Departamento de Justicia finalmente investigó el caso y la libró de cualquier culpa.

Historia relacionada: Empresa asociada a “pareja” de Roig tuvo contrato con ella en Salud

“La realidad es que ese contrato fue firmado por una de las tres firmas que él (Carlos Mellado, secretario de Salud) delegó. Yo no firmé ese contrato y tampoco lo aprobé. Yo no tenía ningún poder decisional que me permitiera negociar nada. Yo era un soldado raso. En la escala gerencial yo estaba en lo más abajo. De hecho, yo no respondía directamente a Mellado”, aseguró.

“No favorecí a nadie. Yo no tenía novio en ese entonces, eso es lo más que da gracia de todo esto. Yo soy soltera, voy a cumplir 20 años de haber enviudado y desde entonces no he convivido con nadie”, manifestó.

Roig Fuertes opinó que no le sorprende que se hayan aprobado $60,000 para un solo participante del programa que ella dirigía en Salud.

“No solo $60,000. Lo que ese ciudadano necesite para tener una vida digna. Las necesidades son individuales, las circunstancias son distintas y la realidad es que en este caso había unas recomendaciones clínicas discutidas por el asunto del monitor. Esa fue la cantidad de dinero determinada por los expertos para poder subsanar las necesidades de ese participante. Estamos hablando de un participante de alta peligrosidad, cuyas circunstancias salían de lo ordinario. Debía tener una vivienda para él solo con un nivel de seguridad distinto a la de cualquier otro participante. Todo eso se trabajó en virtud de unas recomendaciones clínicas”, explicó.

La secretaria de la Familia señaló que es falso que el exsecretario Mellado se haya reunido con ella para informarle del referido que había hecho a las autoridades.

“No es cierto que Mellado se reunió conmigo para informarme sobre el referido. No fui informada de ninguna investigación ni de ningún referido”, aseguró.

Esta semana, la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado solicitó la renuncia o destitución de Roig Fuertes al revelar que una investigación del Departamento de Salud había concluido que cometió delito en el cuatrienio pasado con relación a contrataciones para atender a un paciente discapacitado por $60,000 mensuales.

Salud hizo el referido al Departamento de Justicia el 18 de marzo de 2022, pero aparentemente no sucedió nada con el mismo durante la administración Pierluisi Urrutia y el 30 de octubre pasado, bajo la administración González Colón, archivaron la pesquisa sin resultado.

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