El proyecto tiene como propósito permitir la presencia de una facilidad flotante de almacenamiento de gas metano.

La organización de justicia climática El Puente Puerto Rico, junto a Toabajeños en Defensa del Ambiente, grupos religiosos, comunitarios y de abogacía, denunciaron hoy una nueva solicitud expedita presentada por la empresa NFE Energía, LLC. (NFE) ante el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE, por sus siglas en inglés) para realizar un dragado en la Bahía de San Juan.

Según indicaron, el dragado tiene como propósito permitir la operación continua e ininterrumpida de una facilidad flotante de almacenamiento de gas metano (gas natural licuado, GNL) en un terminal cercano a zonas densamente pobladas.

“¿Cómo se sigue expandiendo una operación ilegal? Estamos hablando de una operación que apenas tenía una aprobación temporal de cuando era un ‘Micro Handling Facility’ y que ahora incluye la entrada de buques hasta cinco veces más grandes que los propuestos originalmente, y la realización de cambios y expansiones en tierra sin la debida revisión ni participación pública, excediéndose una y otra vez más allá de las condiciones de una aprobación temporal. Esto demuestra un patrón deshonesto, irresponsable y temerario que va en contra del interés y la seguridad pública”, expresó Gabriel Meléndez, coordinador de política pública de El Puente Puerto Rico, mediante una comunicación escrita.

Rita Córdova, residente de Cataño, por su parte, denunció la falta de evaluaciones ambientales y de seguridad con la que sigue operando NFE, que opera sin contar tan siquiera con una Declaración de Impacto Ambiental. Dijo que la nueva solicitud del dragado, vuelve a poner en riesgo a las comunidades aledañas a la bahía de San Juan, que todavía no cuentan con un plan de emergencia por parte de la compañía.

“No entendemos cómo es que se le sigue dando espacio a una empresa que no se encuentra debidamente establecida en ley y cuyo historial repleto de irregularidades demuestra desdén y menosprecio al ordenamiento jurídico y al pueblo de Puerto Rico. No pueden seguir jugando con nuestra vida y nuestra seguridad de esta manera para seguirle dando alas y rescatando de la quiebra a New Fortress, una compañía que opera al margen de la ley desde hace cinco años, sin consulta de ubicación, sin permiso de operación federal, sin evaluaciones ambientales y sin un plan de desalojo en caso de una emergencia.

De hecho, la poca información que tenemos sobre aspectos de seguridad, dice que se debe llamar a la Policía Estatal de Luisiana. Con eso contamos”, señaló en la conferencia de prensa.

Desde el sector religioso, Kelmadis Pérez Rivera, de la Mesa de Diálogo Martin Luther King, también expresó preocupación por los riesgos a las comunidades.

“Nos preocupa grandemente la salud y seguridad de nuestras comunidades. Estamos hablando de la zona más densamente poblada del país y de nuestro principal puerto. No es solo la seguridad pública; también nuestra seguridad alimentaria estaría en riesgo en caso de un accidente”, afirmó.

Pérez Rivera advirtió, además, sobre la peligrosidad del gas metano. “Si pensamos que el accidente de CAPECO fue malo, este sería mucho peor, pues el gas no se ve, el gas asfixia, el gas no se apaga cuando se incendia y el gas explota. Los residentes, trabajadores y visitantes de San Juan, Cataño, Guaynabo, Bayamón y Toa Baja necesitamos saber a qué riesgos estamos expuestos y poder decidir si se debe o no tener de vecino a una operación de este tipo”, aseveró.

Juan Camacho, de Toabajeños en Defensa del Ambiente, vinculó esta solicitud con propuestas más amplias de infraestructura de gas en nuestro archipiélago.

“Esta movida para aumentar capacidad está claramente ligada a la propuesta presentada en enero para construir un gasoducto que vaya desde San Juan a los generadores supuestamente temporeros de Palo Seco. Es importante destacar que no se trata de la construcción de un inofensivo gasoducto de solo 11 kilómetros entre San Juan y Palo Seco, sino de establecer un gigantesco y peligroso proyecto de gasoducto (“anillo costero”) para transportar gas alrededor de toda la isla”, denunció.

Asimismo, cuestionó la reutilización de infraestructura existente y denunció falta de transparencia en la gestión gubernamental del proyecto.

“A pesar de que el pueblo de Puerto Rico ha expresado contundente y repetidamente que no quiere gasoductos, este gobierno insiste en presentar un proyecto de gasoducto manejado desde la confusión, el engaño y las medias verdades, con la gobernadora y el Zar de Energía pasándose la papa caliente”, indicó.

El Puente Puerto Rico, a través de Mónica Flores Hernández, coordinadora de programa de política pública de la organización, también destacó que estas inversiones en combustibles fósiles contradicen la política pública vigente del país de alcanzar una generación de energía 100% renovable para el 2050.

“Estas inversiones propuestas representan un compromiso adicional de recursos públicos y privados en infraestructura de combustibles fósiles a largo plazo en un momento en que Puerto Rico ha adoptado una política pública que exige una transición hacia la energía renovable […]. Una isla tropical en quiebra, sujeta al aumento del nivel del mar, a la intensificación de huracanes y a olas de calor, no puede darse el lujo de seguir quemando combustibles fósiles. Nos estamos disparando en el pie”, expresó Flores Hernández.

Además, cuestionó si verdaderamente las agencias gubernamentales van a poder dar mantenimiento adecuado a un gasoducto, cuando han dejado deteriorar el supertubo que provee agua a muchos municipios del país.

“¿De verdad creemos que alguna agencia aquí va a saber manejar un accidente con una barcaza flotante en la bahía? ¿Estamos dispuestos a asumir ese riesgo?”, insistió.

Ante este escenario, las organizaciones exigieron acción inmediata de las agencias reguladoras.

“Instamos al Cuerpo de Ingenieros a que deniegue la solicitud de dragado y a la FERC a que revoque la aprobación temporera y exija el cumplimiento íntegro de todos los requisitos de revisión legales y reglamentarios aplicables”, indicaron.

Además, insistieron en la necesidad de una Declaración de Impacto Ambiental, vistas públicas y la divulgación de un plan de desalojo en caso de emergencia antes de cualquier cambio o expansión en las operaciones.