La Cámara de Representantes aprobó de forma aguada un proyecto que, en su forma original, hubiera obligado a los exjueces del Tribunal Supremo entre recibir su pensión, la más generosa del servicio público, o seguir compareciendo como abogados ante jueces sobre los cuales tuvieron poder de supervisión.
Actualmente, losexjuecespueden recibir su pensión y, a la vez, seguir compareciendo ante los tribunales. El proyecto aprobado dispone que van a recibir su pensión pero que su práctica va a estar limitada a esferas académicas o de asesoría que no impliquen comparecencia ante foros.
Aún así, el Juez Presidente del Tribunal Supremo, Federico HernándezDenton, tronó contra el proyecto aprobado.
La cara más notoria de la lucrativa práctica privada que los exjueces del Supremo desarrollan con todo el peso de su influencia en los tribunales es el Exjuez Presidente del Tribunal Supremo, José A. Andreu García. La aprobación de la medida ocurre cuando todavía se espera por saber qué tipo de reforma sufrirá el Sistema de Retiro de la Judicatura para aportar a la crisis fiscal que sufre el país.
El proyecto establece que los exjueces del Supremo reciben como pago de pensión el equivalente a entre el 75 y el 100% del salario que tenían cuando se jubilaron, o lo mismo que $125,000 para el Juez Presidente y $120,000 para los asociados. Además, reciben un aumento de 3% anual. Este esquema queda inalterado.
El representante Jesús Santa, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales y Sistemas de Retiro del Servicio Público, destacó en su informe que según y como fue redactado el P. de la C. 1270, presentaba una prohibición muy amplia para los exjueces del Tribunal Supremo.
Con esta medida, de la autoría del representante Charlie Hernández, Santa reitera que lo que busca la Legislatura es evitar escenarios donde exjueces del Tribunal Supremo se encuentre en una posición de ventaja indebida ante foros judiciales o administrativos.
La Comisión destacó que habían acogido varias de las preocupaciones presentadas por el Departamento de Justicia y la Oficina de la Administración de Tribunales (OAT), la que, incluso, había dicho que si el proyecto se aprobaba se iba a desalentar el que abogados aceptaran nombramientos al Tribunal Supremo.
Aún así, Hernández Denton reaccionó a la aprobación diciendo que ‘[l]a aprobación (del proyecto)… es, desde mi punto de vista, una intromisión indebida de ese cuerpo constitucional con las prerrogativas del Tribunal Supremo. Es por ello que expreso mi firme oposición a esta acción legislativa’.
Asimismo Hernández Denton dijo que cualquier cambio en la práctica de abogacía, le corresponde al Supremo.
‘Hoy reafirmo con mayor vehemencia esa oposición ante la aprobación de un proyecto que contradice las referidas disposiciones constitucionales de separación de poderes y que en su aplicación se convierte en un desaforo legislativo, a todas luces contario a la ley’, culminó Federico Hernández Denton.
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