La designada secretaria de Educación, Elba Aponte Santos, ha discutido el tema como parte de las alternativas para agilizar el acondicionamiento de las escuelas de cara a la reapertura.

La designada secretaria de Educación, Elba Aponte Santos, no descartó ayer solicitar al gobernador Pedro R. Pierluisi Urrutia que declare un estado de emergencia por la educación para atender con premura los enormes retos que enfrenta del sistema de educación público en medio de la pandemia del Covid-19, una recomendación que afloró el viernes pasado durante una reunión pública de la Junta de Control Fiscal.

Al ofrecer detalles sobre el regreso a las escuelas, aseguró que preliminarmente identificó 172 planteles con “alto potencial” para reabrir sus puertas en la primera fase del retorno progresivo y escalonado a las aulas del sistema público, que podría arrancar tan pronto como el 3 de marzo.

Insistió, sin embargo, en que antes de recibir el visto bueno los planteles deberán cumplir con dos “checklists” que confirmen que la infraestructura de las aulas se encuentra en condiciones para recibir estudiantes y que dichos planteles cumplen con un estricto protocolo para combatir el Covid-19 que seguirá las guías de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

“Es algo que estuvimos discutiendo y lo que estuvimos planteando en el grupo. Si tengo que firmar alguna orden administrativa que pueda agilizar el proceso así los haremos. Si eso agiliza el proceso, lo estaríamos remitiendo para que el Gobernador firme esa orden”, respondió a preguntas de la prensa sobre la petición para el estado de emergencia.

El ex director ejecutivo de la Compañía de Fomento Industrial y ahora miembro de la JCF, Antonio Medina, clamó por un estado de emergencia en la educación luego de repasar todas las dificultades que han enfrentado los niños y niñas de las escuelas públicas para recibir una educación adecuada luego del paso del huracán María en el 2017 y ahora ante agobiantes limitaciones tecnológicas en medio de la actual crisis salubrista.

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Esa preocupación por las carencias de la educación virtual y las secuelas del Covid-19 en la salud mental de los estudiantes llevó a Aponte Santos y al designado secretario de Salud, Carlos Mellado López, a defender la decisión de Gobernador de reabrir las escuelas parcialmente aunque un análisis del Sistema Municipal de Casos y Rastreo de Contactos del Departamento de Salud concluyó que reabrir las escuelas convertiría a los planteles en un “nuevo foco de contagios”.

Mellado López explicó que la repeartura de las escuelas públicas se guiará tomando en cuenta una diversidad de factores, que van desde las condiciones materiales de las escuelas, las preocupaciones de los padres y madres, las recomendaciones de expertos en salud como la Academia Americana de Pediatría hasta los niveles de contagios en la Isla. Mencionó, por ejemplo, que el estado de Nevada abrió sus escuelas porque experimentó un aumento en las tasas de suicidios entre los estudiantes.

Ante la complejidad del escenario, indicó que Salud y Educación prepararán un protocolo, que se ajustará a las necesidades particulares de cada plantel.

“Hay que crear un protocolo específico, puntual, donde proteja al estudiante, que la escuela y el plantel cumpla con el requerimiento del CDC, la Academia de Pediatría y el Departamento de Salud, y que todos estén insertados en el Bioportal para hacerle pruebas constantemente a estos estudiantes y maestros, y a esos se le añade el esfuerzo de la vacunación”, afirmó el galeno.

“La transmisión es comunitaria. Lo mismo le puede dar a un niño en la escuela que en un ‘mall’”. Si permitimos unas partes en esos lugares también tenemos que tener un poquito de visión y evaluar la posibilidad de disminuir lo que está pasando con los niños. Es una teoría bien válida. Los niños se están deprimiendo”, agregó.

Reconoció que no contaba con estadísticas sobre el impacto de la pandemia en la salud mental de los estudiantes en Puerto Rico, pero insistió en la amplia literatura de revistas médicas que aborda la problemática.

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“Se hace apremiante abrir las escuelas. Si las escuelas no están listas el Departamento de Educación no va a dar la recomendación de abrirla. Vamos a evaluar caso por caso y protocolo por protocolo”, apuntaló. “Estamos evaluando ese protocolo, en dos semanas va a estar”, abundó.

Ese protocolo también contempla ayuda de los expertos del Departamento de Salud. Mellado López indicó que el programa de rastreo dentro del sistema escolar estará a cargo de las epidemiólogas Encijar Hassan Ríos, Fabiola Cruz López y la demógrafa Wilmarí de Jesús Álvarez.

Hasta el momento, según Aponte Santos, se habían vacunado 12,384 empleados de las escuelas públicas y privadas de un universo de 55,000 personas. En esa línea, señaló que continuar el patrón de vacunación todas estas personas estaría vacunadas para el 18 de marzo.

Este plan de vacunación se elaboró tomando en cuenta la apertura parcial y escalonada de las escuelas públicas. El sistema de educación público tiene 857 planteles escolares y una matrícula de 276,413 estudiantes. Las escuelas permanecen cerradas desde que la entonces gobernadora Wanda Vázquez Garced declaró un estado de emergencia el 12 de marzo de 2020 debido a la pandemia del Covid-19 e impuso medidas de prevención severas como el toque de queda y el cierre de los negocios no esenciales.

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“El desempeño académico de nuestros estudiantes se está afectando grandemente. El aspecto social y emocional se está afectando grandemente. ¿Qué estamos haciendo? Estamos preparando una prueba de avalúo, de ‘assessment’, que se va a dar como una línea base para ver cómo están nuestros niños y atacar con medidas de apoyo y de horario extendido”, precisó.’

Para atender esta situación, Educación también procurará un acuerdo con la Universidad Carlos Albizu para ofrecer ayuda sicológica a los niños y niñas que lo necesiten.

“Pudiera ser el 3 de marzo, por darte un ejemplo. Tenemos que movernos a esa línea que nos hemos trazado, a principios de marzo. Si tuviéramos que retrasarlo porque surgiera un inconveniente pues así lo notificaremos”, señaló Aponte Santos.

“Si podemos abrir cinco escuelas y esas son las que cumplen, eso es lo que vamos a hacer. Si podemos subir las expectativas y subir a 20 o 30, eso es lo que vamos a hacer. Pero algo tenemos que hacer por nuestros niños”, afirmó.

La meta del DE consiste en abrir “al menos” una escuela en cada uno de los 78 municipios para impartir clases a estudiantes de kínder a tercer grado, así como a los estudiantes de educación especial y cuarto año.

La decisión de enviar a los estudiantes a las escuelas será opcional, pero en el caso de los maestros y maestras tendrán la responsabilidad, por convenio colectivo, de presentarse a trabajar en los planteles cuando su presencia sea requerida.

El 20 de febrero la agencia anunciará las escuelas que abrirán el próximo mes.