Pero reconoce que el cargo le genera $500 millones al Fondo General y que se utiliza para el repago de la deuda de la Autoridad de Carreteras.

El presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD), Ramón Barquín, hizo un llamado hoy al gobierno estatal y federal para que activen de inmediato las facultades legales extraordinarias necesarias para frenar el impacto del alza en los combustibles, provocada por la actual crisis en el Medio Oriente.

Ante un incremento en los precios del petróleo que ya roza el 28%, Barquín advirtió que Puerto Rico no puede quedarse de brazos cruzados mientras se genera un efecto en cascada que encarece la energía, el transporte y el costo de vida general.

“Puerto Rico enfrenta hoy un choque energético global que ya está impactando el bolsillo de nuestra gente. El Estado cuenta con herramientas legales vigentes, como la Ley 228 de Suministros y la Ley 272-2000, que permiten controlar márgenes y precios en momentos de emergencia. El precedente legal es claro: el Estado puede y debe intervenir de forma temporera para estabilizar el mercado”, afirmó el Barquín.

Acciones recomendadas
El líder de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) detalló una hoja de ruta de medidas que requieren una declaración de emergencia coordinada con el gobierno federal como, a través de legislación, la suspensión temporera de la “crudita” por entre 90 y 180 días.

Mientras, se identifica como fuente de repago como, según Barquín, «sobrantes» del Fondo General o fondos FEMA.

Esa propuesta implica que entraría en escena como dueño final de la decisión a la Junta de Supervisión Fiscal. La crudita le genera $500 millones anuales al Fondo General y parte de ese recaudo está comprometido al pago de obligaciones de la Autoridad de Carreteras y Transportación.

Según Barquín, la propuesta reduciría la presión sobre los costos de transporte de mercancías, ayudando a estabilizar los precios de productos básicos.

El CUD enfatiza que los pequeños y medianos comerciantes son los más afectados por los altos costos energéticos y operacionales. 

Barquín también propone el control de márgenes para evitar que los costos se transfieran integrante al consumidor y flexibilización de los costos de transporte marítimo mirando la aplicación del cabotaje.

Barquín enfatizó que las PYMES representan cerca del 95% de las empresas en la Isla y carecen de la estructura financiera para absorber estos costos de forma indefinida.

“Nuestras PYMES no tienen el lujo de esperar. Si el gobierno no actúa, el impacto recaerá inevitablemente sobre el consumidor final, debilitando aún más nuestra economía”. El Presidente del CUD concluyó que estas medidas no pretenden ser permanentes, sino una respuesta necesaria a una crisis extraordinaria. “Esto no es un asunto ideológico, es una urgencia económica. Es momento de liderato y de proteger la estabilidad de Puerto Rico”, dijo Barquín.