En vista de revisión tarifaria, LUMA planteó que la tirantez con la AEE afecta la posibilidad de conseguir contratistas para obras de reconstrucción de la red.

La subsidiaria de New Fortress Energy (NFE) en Puerto Rico, Genera PR, no tiene un plan B si su matriz incumple con suplir gas para la red eléctrica de la isla bajo el contrato multianual y billonario que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) le acaba de aprobar.

Así lo consignó ayer el presidente de Genera PR, Winnie Irizarry Velázquez, durante las vistas para revisar la tarifa básica, cuya sesión del lunes se concentró en los conflictos de interés que pueden tener los operadores privados de la red eléctrica, así como en la tirantez que hay entre ellos y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

El oficial examinador Scott Hempling, que dirige el proceso en nombre del Negociado de Energía (NE), había anticipado desde junio pasado su crítica, y sorpresa, por la forma en que los dos operadores privados y la corporación pública le sometieron tres propuestas de revisión de tarifa separadas, en vez de una que fuera coherente.

Pero la discusión sobre los conflictos de ese sistema con tres cabezas se quedó trunca cuando los miembros del NE decidieron que no había que seguir escuchando testimonio al respecto porque conocían el problema desde hace tiempo. Antes de ese detente, el presidente de LUMA Energy, Juan Saca Asencio, dijo que la relación con la AEE “no es buena, es pobre y es un poco disfuncional”. Añadió que esto afectaba la reconstrucción de la red y desalienta a suplidores y contratistas.

“Es mi creencia firme que la AEE sería solo una compañía holding”, añadió. A lo que la directora ejecutiva de la AEE, Mary Carmen Zapata Acosta, recordó que otro ejecutivo del operador le había dicho que para ellos la entidad pública era solo un “cascarón vacío”. La funcionaria subrayó que todos los problemas surgen de las diferencias de interpretación que tienen sobre los poderes de cada una bajo el contrato de operación. LUMA entiende que la AEE no tiene facultad para meterse en nada y la AEE entiende que sigue siendo responsable del dinero y los activos, por lo que debe tener “visibilidad” sobre lo que hace el operador.

Hempling aludió a la posibilidad de que el NE, o alguna otra autoridad, hiciera un protocolo o memo de entendimiento para que todo el mundo esté claro sobre cómo comportarse bajo los contratos de operación, pero no abundó. Adelantó que los oficiales financieros de las tres entidades deben trabajar en un plan para llegar a un sistema uniforme de cuentas y contabilidad.

En la ronda sobre conflictos de intereses, Genera PR enfrentó la mayoría de los cuestionamientos, los cuales recaen en las mismas advertencias que se hicieron antes de que el gobierno les diera el contrato de operación de las plantas termoeléctricas de la AEE. Principalmente, que como su matriz vende gas, sus incentivos reales están en provocar que su matriz venda más gas por más tiempo, y no en mover la generación de electricidad hacia fuentes de energía renovable.

Irizarry Velázquez admitió que, pasados dos años y medio de su contrato de 10 años, no han decomisado ni una sola planta termoeléctrica, cuando se supone que sacarlas de operación para dar paso a plantas basadas en energía renovable es el propósito principal de ese contrato. Si su contrato se acaba y quedan plantas por decomisar, hay más posibilidad de que se lo renueven, admitió también el ejecutivo.

Además, consignó que no tiene ningún plan de contingencia para dos escenarios que se le plantearon por los problemas financieros que enfrenta NFE. Uno, que no suplan el gas que tienen comprometido bajo el contrato recién aprobado de siete años y $3,179 millones y, dos, que su matriz declare quiebra o entre en incumplimiento de pagos, lo que facultaría al gobierno de Puerto Rico a cancelar el contrato de Genera PR.

El ejecutivo, quien ha trabajando para NFE en Miami, Bahamas y Nicaragua, dijo que no ha hablado con nadie de su matriz sobre esos escenarios y que lo que sabe de la condición financiera de NFE es lo que es público. “NFE no se mete en las operaciones de Genera, (que es) manejada por puertorriqueños en Puerto Rico”, defendió al asegurar que no toma decisiones basadas en la condición financiera de NFE. Hace dos semanas, esa empresa advirtió al mercado que su proyección de ingresos “probablemente no será suficiente para responder, completamente, por sus obligaciones”.

Ante la insistencia de si su empuje por convertir más plantas de la AEE a usar gas responde a los intereses de NFE, Irizarry Velázquez dijo que el catalítico de eso no son ellos, sino la gobernadora Jenniffer González Colón. “Eso va atado a la política pública del gobierno. Si la gobernadora, en este caso, nos pide a nosotros que convirtamos plantas a gas natural, nosotros tenemos que hacer el proceso de aprobación ante el (NE), todo el mundo”, comentó.

Cuando la JSF aprobó la semana pasada el contrato de suplido de gas a largo plazo, el presidente de NFE, Wes Edens, dijo que apreciaba “grandemente el liderato y apoyo de la gobernadora González Colón durante este proceso”. La Junta dijo en su carta de aprobación que dio su visto bueno final porque sería “desastroso” poner en riesgo la capacidad de generación y subrayó que el control que tiene NFE sobre el único punto de entrada de gas en la costa norte mediante un contrato que le extendió el gobierno en 2018 “permanece como una barrera a la competencia abierta en el suplido de combustible de Puerto Rico”.

El contrato contempla la posibilidad de que se construya un gasoducto que conecte las plantas de San Juan y Palo Seco, lo que, de ocurrir, supondría una reducción en el precio pactado con NFE para el gas.

Por su parte, Saca Asencio admitió que las especificaciones de los proyectos que salen para subastas las diseñan sus propios ingenieros, pero negó que sus matrices, Quanta y ATCO, tengan conocimiento de esa información antes de que salga para todos los suplidores potenciales.

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