Uno de los remedios que se pide es la activación de una investigación en Justicia sobre el monopolio de la empresa en el suplido de gas para el gobierno.

La disputa por el control que New Fortress Energy (NFE) tiene sobre el suplido de gas al gobierno, específicamente porque tienen alquilado el único punto de entrada de ese combustible en toda la costa norte, llegó al tribunal, pero no porque demandaran alguna de las varias agencias que atienden el tema de energía, sino por un abonado.

El demandante es Luis Aníbal Avilés Pagán, expresidente de la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y profesor de Derecho. El recurso ante el juez Anthony Cuevas Ramos es, esencialmente, un resumen de las varias controversias que ha protagonizado NFE y que afectan la confiabilidad de la red eléctrica. Para cada instancia, el demandante identifica obligaciones legales que las distintas dependencias de gobierno incumplieron y le pide al tribunal que obligue al cumplimiento de esas obligaciones.

Tanto la gobernadora, Jenniffer González Colón, como el zar de Energía, Josué Colón Ortiz, han dicho que exploran opciones legales sobre el asunto específico del contrato de arrendamiento de 2018 que le extendió la Autoridad de los Puertos (AP) a NFE por 20 años y que le permite operar la única instalación por donde puede entrar gas licuado en la costa norte. Pero ninguna dependencia se ha movido legalmente en contra de ese acuerdo.

NFE ha usado su control sobre esa instalación en el puerto de San Juan como palanca para obtener un contrato con la AEE para suplir gas a dos unidades de la Central San Juan bajo el que han cobrado ya unos $1,500 millones. También lo ha usado para tener ventaja en otras licitaciones públicas para suplido de gas al punto que han llegado a plantearle por escrito al gobierno que, aunque hagan procesos de competencia, la única opción que tiene la isla en cuanto a gas es negociar con ellos.

“Este Honorable Tribunal se encuentra ante una coyuntura que excede la controversia entre partes individuales: está llamado a pronunciarse sobre una desviación institucional sostenida de las normas fundamentales que rigen la contratación pública, la competencia económica, la gestión energética y la transparencia democrática en Puerto Rico. Los hechos aquí narrados no responden a un error administrativo aislado, sino a una arquitectura jurídica y fáctica diseñada para privilegiar a un único conglomerado económico —New Fortress Energy y sus afiliadas— a costa del interés público, la legalidad contractual y la integridad del sistema eléctrico nacional”, indicaron los representantes del demandante, Rubén Colón Morales y Ariel Caro Pérez.

En referencia a la decisión de NFE de suspender el suplido de gas como táctica de negociación para que se le otorgue un contrato exclusivo de 15 años que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) objeto, el documento resalta que ya hay costos adicionales para los abonados porque, aunque la empresa decidió regresar la barcaza a puerto, hubo que usar diésel, un combustible más caro, en vez de gas. La amenaza de que se extienda el uso de diésel está latente porque NFE suple gas a 14 generadores temporeros bajo un contrato cuya más reciente extensión de emergencia expira este viernes.

Los costos a los abonados no es solo porque el diésel cueste más, sino que la operación con diésel requiere más mantenimiento. “Cada mes que (la AEE) siga quemando diésel en (las unidades) San Juan 5-6 añade entre $14 y 21 millones al costo del sistema, sin contar las externalidades ambientales y de confiabilidad o relevos de carga”, se dice en el documento.

Aunque una ley la obliga a investigar monopolios o intentos de monopolizar, la Oficina de Asuntos Monopolísticos (OAM) del Departamento de Justicia “no ha iniciado ninguna investigación

o acción tras conocerse este caso”, afirma la demanda al solicitar al tribunal que ordene a la OAM a “iniciar de forma inmediata una investigación bajo su competencia, y que notifique al público y a las partes interesadas sobre las acciones tomadas, tal como exige el artículo 3(c) de la Ley 77-1964, a fin de garantizar la libre competencia y proteger el mercado energético nacional”.