Según la agrupación, el segmento de alquiler a corto plazo tiene 23,000 unidades en la Isla, sus ventas anuales exceden los $500 millones y la evasión de permisos, patentes, impuestos y contribuciones sobrepasa los $100 millones.

La Asociación de Paradores y Pequeñas Hospederías Puertorriqueñas reaccionaron con beneplácito a los datos publicados por Oxford Economics sobre las operaciones y beneficios de los alojamientos independientes mercadeándose a través de la plataforma digital Airbnb.

Las entidades indicaron que, aunque la información publicada “fue cuidadosamente seleccionada, es muy reveladora, y confirma la necesidad imperiosa de reglamentar y fiscalizar este segmento”.

Además, consideraron positivo ver que estudios independientes “continúan corroborando el crecimiento y el impacto económico multimillonario que está teniendo el turismo a través de nuestra Isla”.

Sin embargo, las agrupaciones ratificaron la importancia de registrar y fiscalizar a estos alojamientos.

“Estimados conservadores indican que ya tenemos cerca de 23,000 unidades, las ventas anuales exceden los $500 millones, y la evasión de permisos, patentes, impuestos y contribuciones sobrepasa los $100 millones anuales, en adición a los retos que imponen estos negocios sobre la infraestructura y servicios públicos en nuestras comunidades”, señaló Xavier Ramírez, presidente de la asociación.

Para el portavoz de la Asociación, la prioridad inmediata “debe centrarse en hacer cumplir las leyes y reglamentos vigentes y enforzar el registro de estas empresas con la Compañía de Turismo de PR (CTPR), el municipio donde se encuentran y el Departamento de Hacienda, ya que sobre el 75% son administrados por consolidadores con 20, 30 y hasta 300 unidades”.

Consignó que un estudio de Abexus Analitics identificó a sobre 22,400 unidades independientes en la isla, mientras que otro de Oxford Economics indica que solo Airbnb mercadea sobre 15,000 unidades con 8,000 anfitriones en su plataforma, mientras que la CTPR ha reconocido que solo tiene legalmente registrados 4,700 operadores, aunque sus reglamentos requieren que cada apartamento o casa esté registrado.

Aseguró que con una inversión mínima de $1 millón anual, la CTPR podría mejorar la fiscalización de estos alojamientos y reducir el que personas inescrupulosas se apropien ilegalmente de entre $10 y $20 millones del impuesto de habitación (Room Tax) y evadan otros $80 millones en pagos y contribuciones reglamentarias anualmente.

“Aun cuando Airbnb, VRBO y Join a Join tienen acuerdos colaborativos con la CTPR, los datos reflejan que la gran mayoría de las unidades que se mercadean en estas plataformas no están legalmente registradas. Podríamos ampliar la base de captación y mejorar la fiscalización con solo exigirle a todas las plataformas digitales y a los agentes de viajes en línea (OTA en inglés) que operan en la Isla, que solo pueden promocionar propiedades que estén registradas y sometan sus planillas y pagos mensuales a la CTPR, tal y como se le requiere a todo hostelero”, añadió Tomás Ramírez, tesorero de la Asociación.

Mencionó que, en 2021, los operadores de alojamientos independientes registraron ventas de sobre $500 millones, y tan solo remitieron a la CTPR $23.4 millones del impuesto de habitación colectado, apropiándose ilegalmente de al menos $12 millones de este impuesto.

“Reconocemos la importancia de los alojamientos independientes para apoyar el crecimiento de visitantes que estamos recibiendo. Sin embargo, como todo comercio, sus dueños, operadores y las plataformas deben cumplir con nuestras leyes y reglamentos y contribuir equitativamente a mantener y mejorar la infraestructura y servicios públicos que utilizan para operar sus negocios”, manifestó Ramírez.