Enfatizaron en que las polémicas legislaciones «no se tratan de lo mismo».

La Asociación de Industriales de Puerto Rico rechazó ayer el proyecto senatorial que propone derogar las debatidas leyes 20 y 22, al advertir sobre las situaciones que puede causar la derogación de incentivos que ya cuentan con decretos aprobados y con términos de vigencia definidos.

“La derogación de cualquiera de estas leyes meramente demostraría desconocimiento del programa de incentivos de Puerto Rico y ocasionaría problemas prácticos para la administración de estos decretos. Sin embargo, no cambiaría fundamentalmente nada”, sostuvo Carlos E. Serrano, que preside el Comité de Asuntos Contributivos de la Asociación.

Serrano hizo sus expresiones ante la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal del Senado, que evalúa un Proyecto que busca derogar la Ley 20-2012 y la Ley 22-2012.

La Asociación estuvo representada además por su Vicepresidenta Ejecutiva, Yandía Pérez, y en su ponencia recalcaron que “a pesar de que existe una especie de «slogan” promocional hacia las «Leyes 20/22′», no se tratan de lo mismo, ni se trata de leyes interdependientes. Son dos legislaciones separadas, con historiales y propósitos distintos”.

La agrupación se concentró en la Ley 20, que es la que más vinculación tiene con la actividad industrial.

“Un negocio elegible para incentivos bajo la Ley 20 es una oficina o establecimiento bonafide, localizado en Puerto Rico, que lleve o pueda llevar a cabo servicios elegibles que, a su vez, sean considerados servicios para exportación o servicios de promotor”.

Recordaron que este concepto fue traído de la Ley 73 de 2008, que a su vez, viene de la Ley 135 del 1997 y también anteriormente de las Leyes 8 del 1987 y la 29 del 1978. “Por lo tanto, el ofrecimiento de incentivos para la prestación de servicios para exportación o mercados del exterior, ha sido parte de nuestro ordenamiento por algo mas de 40 años”, dijo Serrano.

Afirmó que La Ley 20 es parte del programa industrial ya que hay muchas operaciones industriales que se complementan con esto para sostener su existencia en Puerto Rico.

“Desde unidades que ofrecen servicios comerciales tipo «back office” como contabilidad y finanzas, hasta las que ofrecen servicios altamente especializados de ingeniería para operaciones globales. Unidades de servicio en Puerto Rico se dedican al desarrollo de productos y procesos de manufactura que Iuego son transferidos globalmente”. expresó.

Otras áreas vinculadas a la actividad industrial mencionadas son las unidades de servicios responsables de manejar desde Puerto Rico las cadenas de suplido de la mercancía de muchos grupos de empresas y aquellas responsables de permitirle a distribuidores y representantes de fábricas locales expandir sus operaciones al Caribe y Latinoamérica.

Ayer también compareció personalmente a las audiencias el economista José Caraballo Cueto, que afirmó que “hay oportunidades para aprovechar al máximo estos incentivos, pero derogar estas leyes o limitarse a reformar solo el donativo que realizan estos participantes, no nos traería un impacto positivo a la economía”.

Reconoció como positivo que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio tenga interés en reformar y fiscalizar los incentivos.

Por su parte el presidente de la Comisión, Juan Zaragoza Gómez, expresó que “hay que divorciar la Ley 20 de la Ley 22…la Ley 20 se ha visto afectada por la juntilla con la Ley 22…Hay mucho empresario puertorriqueño beneficiándose de la Ley 20”.

Sobre la Ley 22 indicó que “si ese interés de inversionistas por Puerto Rico sigue ahí, entonces vamos a darle una mirada y ver si además del requisito de una casa se pueden requerir otras cosas”.