El informe financiero del gobierno emitido en noviembre ya había contemplado la idea de que el gobierno hiciera un 'clawback' de no tener los suficientes recursos para pagar su deuda y evitar los riesgos de demandas.

El secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jesús Manuel Ortiz, reiteró el martes que las cinco corporaciones públicas a las cuales se les tomó $329 millones para que el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) pudiera hacer un pago de $354 millones, tienen dinero suficiente en sus reservas para cumplir con los pagos de sus obligaciones cuando venzan.

Se detalló que a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y entidades de transporte público se les sacó $201 millones, a la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) $113 millones, y al Centro de Convenciones $15 millones, pero no ofreció la fecha de vencimiento de sus respectivas deudas.

Mientras, el director ejecutivo de la Autoridad de Transporte Integrado (ATI), Alberto Figueroa, aseguró el miércoles que las operaciones de la agencia y las distintas corporaciones bajo el DEpartamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) no se afectarán por la medida tomada por el gobierno de retener sus ingresos con el fin de reunir el dinero para pagar el servicio a la deuda de las obligaciones generales (GOs). Según indicó, a esta dependencia se le retuvieron 36 millones de dólares, y a la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA), $10 millones.

Ortiz dijo que 'hasta ahora no se han radicado demandas… (La acción) no significa que no puedan hacer sus pagos'. El Secretario no detalló cuánto dinero queda que pudiera estar sujeto a otro 'clawback'.

De otro lado, el aspirante independiente a la gobernación, Manuel Cidre, opinó en entrevista radial (Wapa) que este mecanismo de emergencia tiene unas limitaciones, 'sobretodo en el área de las agencias públicas que tienen sus propias deudas con distintos bonistas. Es muy posible que aunque la Constitución permita que el 'clawback' se utilice en casos extremos como es este, que es la primera vez en la historia que se utiliza, no es menos cierto que puede causar algún tipo de situación en las agencias públicas ya que estamos sacando el dineroque posiblemente está reservado para pagar las deudas de las propias agencias'. En última instancia, el 'clawbck' es 'seguir postergando el problema de tomar decisiones', indicó el empresario.

En el informe emitido en noviembre se establece que el grupo de trabajo reconoce que aún haciendo un 'clawback'los recursos disponibles del gobierno podrían ser insuficientes para pagar la deuda constitucional, algo que el propio Gobernador admitió ante el Senado federal el martes.

El mecanismo de 'clawback' está establecido por la Constitución y dice que 'cuando los recursos disponibles para un año económico no basten para cubrir las asignaciones aprobadas para ese año, se procederá en primer término, al pago de intereses y amortización de la deuda pública, y luego se harán los demás desembolsos de acuerdo con la norma de prioridades que se establezca por ley'.

La ley orgánica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) otorga prioridad al pago de la deuda pública, según definida anteriormente; en segundo lugar, se pagarían compromisos contraídos en virtud de contratos legales en vigor, sentencias en casos de expropiación forzosa, y obligaciones ineludibles para salvaguardar el crédito, la reputación y el buen nombre del Gobierno del Estado Libre; en tercer lugar, se pagarían los gastos ordinarios en las áreas de salud, seguridad, educación, bienestar social, y los sistemas de retiro; y en cuarto lugar, otros gastos relacionados con otros propósitos gubernamentales.

Sin embargo, la Orden Ejecutiva firmada por el gobernador no es clara en torno al uso de los fondos. La orden establece por un lado que el Secretario de Hacienda usará los fondos para el pago de deuda mientras mantiene los servicios esenciales. Pero también dice que el dinero se mantendrá en una cuenta separada para el pago exclusivo de deuda y que cualquier sobrante se devolvería a las entidades.

El informe emitido por el gobierno en noviembre establece que los ingresos asignados a la ACT, a la AFI y a la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones se consideran recursos del ELA para efectos del pago de la deuda pública. 'Sin embargo, su disponibilidad para tales fines está sujeto a que no hayan otros recursos disponibles en el ELA', sostiene el informe.

El Secretario de Hacienda puede ser judicialmente requerido por los tenedores de bonos para asignar fondos para el pago de la deuda pública si los recursos del ELA son insuficientes para cubrir todos los créditos presupuestados. 'Las consideraciones de política pública relacionadas con la seguridad y el bienestar de los residentes de la Comunidad, así como las cuestiones de procedimiento, podría resultar en retrasos o limitaciones en la aplicación judicial de tales recursos y en las limitaciones a la eficacia de dichos recursos. Los recursos disponibles para los tenedores de bonos dependen de las acciones judiciales, que a menudo están sujetas a discreción sustancial y retrasos', dice el informe.

Entretanto, Ortizaseguró que el proyecto que crearía una Junta de Supervisión Fiscal solo espera a la firma del Gobernador.

Por su parte, Cidreopinó que dicha Junta 'es un mero ente observador' y se necesita un organismo con autoridad para trabajar en el presupuesto, además de una estructura para atrasar el pago al principal de la deuda constitucional mientras se logra el estímulo de la economía puertorriqueña.

El aspirante independiente a la Gobernación advirtió que se avecina 'la tormenta perfecta, sin voluntad y sin transparencia al país para hacer las cosas que verdaderamente hay que hacer y que aún se siguen postergando. La tentación de ser reelecto muchas veces puede más que la lealtad al país'.

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