El juez federal Thomas Griesa otorgó hoy, viernes, a los bonistas que no aceptaron las reestructuraciones de deuda en Argentina los mismos derechos que a los fondos especulativos que llevan años litigando contra ese país en un tribunal de Nueva York.

El fallo, de 14 páginas, representa un duro revés para Argentina porque eleva a unos 8,000 millones de dólares el monto total que deberá pagar a los litigantes si decide saldar su deuda con los acreedores que sí aceptaron los canjes de deuda de 2005 y 2010.

Dos días después de escuchar los argumentos de las partes, Griesa consideró hoy en su escrito que los llamados bonistas ‘me too’ (yo también) merecen el mismo trato que los fondos especulativos liderados por NML Capital, que cuentan desde 2012 con una sentencia a su favor.

En aquella sentencia se recoge la llamada cláusula ‘pari passu’ que obliga a Argentina a pagar unos 1.300 millones de dólares más intereses a los demandantes antes o al mismo tiempo que a los fondos reestructurados.

‘Ordeno a la República (argentina) que cumpla con sus obligaciones bajo la cláusula pari passu y haga pagos fraccionados a los demandantes cada vez que pague, o intente pagar a los bonistas reestructurados’, escribió hoy Griesa en su fallo.

Durante la audiencia celebrada el pasado miércoles, el abogado del Estado argentino, Carmine Boccuzzi, afirmó que incluir a los ‘me too’ en la querella original ‘complicaría aún más las cosas’ e impediría al país cumplir con sus obligaciones.

Sin embargo, el abogado del fondo NML Capital, Robert Cohen, replicó en esa misma audiencia que Argentina sí tiene capacidad de pagar y recordó que en el pasado ha cerrado acuerdos con otros acreedores como la petrolera española Repsol o el Club de París.

Argentina mantiene desde hace años un largo y complicado litigio en el tribunal de Griesa con los llamados fondos ‘buitres’ que compraron bonos después de la suspensión de pagos de 2001 que no se sumaron a los canjes de deuda de 2005 y 2010.

Después del cese de pagos de 2001, Argentina logró que el 93 % de los tenedores de bonos se acogieran a las dos reestructuraciones de 2005 y 2010, mientras que del 7 % restante, solo un 1 % acudió inicialmente a los tribunales en Nueva York.