Mientras el Ejecutivo y la Legislatura llegaban a un acuerdo sobre las medidas de recaudos que se aprobarían para atender la situación fiscal del Gobierno, en la que el mayor peso sigue recayendo sobre la población, en Estados Unidos nuestro país es eje de controversia en medio de una posible reforma tributaria que se espera le meta mano a las transacciones hechas por las multinacionales para evadir el pago de impuestos.

Una de las piezas de la controversia está centrada en la gestiones de ‘transfer pricing’ que la compañía Microsoft realizó entre el 2004 y 2009 con sus subsidiarias, y que ahora son foco de una auditoría encomendada por el Servicio Federal de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés). Relacionada a esta auditoría el pasado febrero de 2015 fue desestimada una demanda presentada por Microsoft en contra del IRS en la que solicitaba la divulgación de información sobre la contratación de la firma Quinn Emanuel Urquhart <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>& Sullivan LLP, quienes fungirían como los auditores externos./p

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Como parte de esta auditoría, el IRS demandó a funcionarios de Microsoft para que proveyeran los documentos que se les estaban requiriendo. Según el portal International Tax Review, el IRS está buscando la forma de ajustar los precios de las transferencias de las propiedades intangibles de Microsoft./p

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En septiembre de 2012, el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de Estados Unidos estableció que desde el ‘2009 a 2011, mediante la transferencia de ciertos derechos de su propiedad intelectual a una filial de Puerto Rico, Microsoft fue capaz de mover al extranjero cerca de $21,000 millones, o casi la mitad de los ingresos netos de sus ventas minoristas en Estados Unidos, ahorrando hasta $4,500 millones en impuestos sobre las mercancías vendidas en los Estados Unidos, o poco más de $4 millones en pago de impuestos en Estados Unidos por día’./p

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De acuerdo al presidente del Subcomité, Carl Levin, Microsoft de Estados Unidos le vendió a su subsidiaria en Puerto Rico los derechos para comercializar su propiedad intelectual en las Américas. Posteriormente, Microsoft de Estados Unidos le compró a Microsoft Puerto Rico los derechos de distribución de su producto para la nación norteamericana./p

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‘Por qué Microsoft hace esto? Porque en el marco del acuerdo de distribución, Microsoft estadounidense se comprometió a pagar a Microsoft Puerto Rico un cierto porcentaje de las ganancias por las ventas al distribuir los productos de Microsoft en los Estados Unidos. El año pasado, 47% de los ingresos de las ventas de Microsoft en los Estados Unidos se trasladaron a Puerto Rico en virtud de este acuerdo. El resultado es que Microsoft estadounidense evadió el pago de los impuestos de 47 centavos de cada dólar de ingresos por ventas que recibió’, estableció Levin./p

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El ‘transfer pricing’ es un mecanismo que le permite a las empresas entrar en transacciones con sus subsidiarias para transferir productos, servicios y otros beneficios. Estas transacciones no siempre se rigen por los preceptos de oferta y demanda, y desde hace años están siendo investigadas a nivel mundial por la preocupación de que son usadas como una forma para evadir el pago de impuestos./p

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En Estados Unidos han sido múltiples las empresas que han sido investigadas por utilizar estas transacciones de manera cuestionable. Una de ella es Medtronic, quienes hasta el pasado diciembre de 2014 estaban en una disputa legal con el IRS relacionada al cobro de unos $958 millones en contribuciones./p

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Recientemente, en Puerto Rico se aprobó un impuesto para este tipo de transacciones, cuya tasa fluctúa entre 2.5% a 6.5%, dependiendo del ingreso bruto del negocio./p

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El comisionado residente en Washington y aspirante a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi, condenó la aprobación del impuesto al ‘transfer pricing’, aduciendo que era ‘dañino para diferentes empresas y compañías que han invertido en Puerto Rico, y el cual tiene visos de inconstitucionalidad, ya que podría estar violando la cláusula de comercio interestatal’./p

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A la par de la controversia por el ‘transfer pricing’, en el Congreso de Estados Unidos está sobre la mesa el diseño de una reforma contributiva federal, en la que el Gobierno de Puerto Rico ha solicitado un trato preferencial para las empresas establecidas en el país./p

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Según reportó el pasado enero de 2015 el medio especializado Bloomberg, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, está moviendo las fichas para que se establezca un impuesto mínimo de 19% por las ganancias que produzcan las empresas fuera de la nación norteamericana. Y un impuesto de transición de 14% por las ganancias obtenidas en el extranjero que las empresas no pagaron impuestos./p

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Sobre el efecto de este plan en el gobierno de Puerto Rico, el licenciado Víctor Thompson, advirtió en una columna publicada en el diario Sin Comillas, que ‘el gobierno, en especial bajo la administración Fortuño (y ratificado por el gobernador García Padilla), ha deformado el sistema contributivo de Puerto Rico de manera que un impuesto específico sobre ciertas operaciones de las farmacéuticas y empresas análogas es la fuente de la mayoría de los recaudos del Fondo General. Ese impuesto recauda más de cuatro veces lo que recaudan respectivamente el IVU, los arbitrios, los impuestos sobre las personas, las corporaciones, la propiedad mueble y la propiedad inmueble. La irresponsabilidad de poner las operaciones del gobierno en tal vulnerabilidad es evidente. En resumen, la desaparición de cualquiera de esas fábricas o cualquier cambio contributivo federal o internacional provocaría una crisis fiscal de una magnitud mucho superior a la degradación crediticia que el país sufrió recientemente’./p

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Las aseveraciones de Thompson parten de que el arbitrio de 4% al que están sujetas las corporaciones foráneas representa el 21% de los $7,335 millones en ingresos netos al Fondo General obtenidos hasta el pasado abril de este año fiscal./p

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Thompson no es el único alertando sobre el problema de la dependencia de los recaudos del arbitrio a las corporaciones foráneas. En un escrito publicado el pasado mayo por Debtwire se indica que este arbitrio está a merced de que el gobierno federal le siga permitiendo a las empresas tomar un crédito en su planilla de contribución federal. Del mismo modo, otro problema es que a partir del 2017 comienza una nueva metodología para calcular el impuesto, y es incierto cuánto se podrá recaudar./p