Las decenas de millones de dólares que le pagamos a la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones (JRT) a través de sus cargos a las compañías de televisión por cable y telefonía, se han usado para contratos de publicidad sin evidencia de resultados y para cuadrar el presupuesto del gobierno, según un informe de la Contraloría.

Los datos se refieren al Fondo de Reserva de la JRT, el cual se nutre de cargos que esa agencia cobra a las compañías de telecomunicaciones que, a su vez, sacan ese dinero de lo que nos cobran a todos nosotros por servicios de cable y celular. Se trata de un impuesto indirecto que, según la auditoría, ha sido usado de cajero automático para contratos de publicidad y se servicios legales que no tienen justificación sólida, y también ha sido usado para que la Legislatura cuadre el presupuesto.

La auditoría se concentra en señalamientos que surgen del contrato con la compañía de relaciones públicas y publicidad KOIGC, y en el uso que se le ha dado al Fondo de Reserva que la JRT amasa con los cargos a las compañías. El informe, que firma la Contralora Yesmín Valdivieso, no hace ningún tipo de divulgación sobre los contratos que el esposo de la Contralora, el contador público autorizado Virgilio Vega III, tiene con la JRT en el área de auditoría. Uno de los señalamientos del informe, precisamente, es que la JRT no tiene una unidad de auditoría interna.

En cuanto a KOIGC, el señalamiento es que la JRT otorgó ese contrato sin cumplir con la Orden Ejecutiva de control de gastos que emitió el Gobernador como parte del esquema de la Ley 7. Luego de otorgado, la permanencia del contrato fue condicionada a que la JRT le cortara el 15% del monto, lo cual según la Contraloría no ocurrió. En total, KOIGC ha tenido contratos con la JRT por $1.3 millones.

Además de los señalamientos sobre cómo fue otorgado, la auditoría señala que la JRT le pagó facturas a KOIGC para las cuales no hubo evidencia del trabajo y productos que se estaban facturando. KOIGC ha manejado contratos públicos por al menos $51.8 millones durante la Administración Fortuño.

'[KOIGC] subcontrató servicios de compra de bolígrafos, camisas, bultos, pen drives, servicios de creación de logo, compra de equipo para montaje de actividades y producción de anuncios, entre otras cosas. En 31 facturas (84 por ciento) por $321,665, [KOIGC] no presentó la evidencia de lo facturado por los subcontratados. No empece a la ausencia de la información, la JRT tramitó y aprobó las facturas y le pagó $321,665 [a KOIGC] por los servicios prestados', detalla el informe.

La investigación de la Contraloría arrojó que la firma que autorizaba las facturas era la del exdirector de Operaciones, Luis A. Ramos Cruz. La JRT se defendió indicando que el contrato fue posteriormente autorizado y que se le aplicó el descuento de 15%, pero no pudieron mostrar evidencia de ello.

En cuanto al uso del Fondo de Reserva, la auditoría precisa que del 2007 al 2010, la JRT amasó $43.9 millones en ese fondo, pero gastó $48.7 millones.

'Esto, principalmente, por el aumento en la contratación de servicios legales y de publicidad. Ejemplo de esto es que los gastos por servicios legales aumentaron de $658,886 en el año fiscal 2007-08 a $1,145,942 en el año fiscal 2010-11, o sea, un aumento de $487,056 (74 por ciento). La contratación de servicios de publicidad aumentó de $650 en el año fiscal 2007-08 a $420,122 en el año fiscal 2010-11, o sea, un aumento de $419,472 (645 por ciento)', explicaron los auditores.

Además, desde el 2001 al 2011, la Legislatura aprobó varias leyes para sacarle dinero a ese Fondo. La más reciente, de 2011, le sacó $5 millones para cuadrar el presupuesto. 'De continuar la tendencia de las pérdidas operacionales y la transferencia de fondos de la reserva a otras entidades mediante legislación, la JRT podría no contar en los próximos dos a tres años con un fondo de reserva, según se lo requiere su Ley creadora', se advierte.

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