Lisboa – Los directivos de los bancos que pidan ayuda al Estado portugués verán reducidas todas sus remuneraciones en un 50 por ciento, según la normativa oficial, publicada hoy, para el refuerzo del sistema financiero luso.

Además, si la entrada de capital público en las instituciones financieras privadas se hace a través de adquisición de acciones, que será temporal, el Estado las comprará con un descuento del 35 % en relación al valor medio de los títulos durante el último mes.

Si la ayuda se materializa mediante inyecciones de liquidez, las entidades pagarán un interés del 7 al 9,3 %, que subirá en 25 puntos base anuales durante los dos primeros años que la institución mantenga los fondos públicos y en 50 puntos cada uno de los años siguientes.

Los bancos afectados tendrán que presentar un plan de gestión que demuestre la necesidad de los fondos públicos, así como la estrategia para sanear la entidad, y que contenga medidas, obligatorias, para financiar la economía lusa, especialmente a través de empresas pequeñas y familias.

Si hay reparto de dividendos en el banco, el Estado tendrá derecho prioritario a recibir los que correspondan a sus acciones.

El rescate financiero internacional de 78.000 millones de euros que obtuvo Portugal hace un año incluía una partida de 12.000 millones para ayudar a la banca que hasta ahora no había sido necesario usar.

Pero los nuevos ratios de solvencia financiera que exigen los organismos reguladores comunitarios obligarán en los próximos meses a algunas entidades lusas a recurrir a las ayudas financieras.

La UE y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que supervisan las finanzas lusas antes de hacer efectivos los diversos tramos del rescate, negociaron con el Gobierno conservador de Portugal el sistema para aportar fondos a las entidades bancarias, que los recibirán a través del Estado luso y no de esos organismos.

El Diario oficial de la República portuguesa publicó hoy la normativa que regirá la capitalización, en vigor a partir de este viernes y que da el pistoletazo de salida para que los bancos privados preparen sus solicitudes.

La entrada de capital público no implicará la intervención del Estado en la gestión de las entidades, salvo casos de riesgo o incumplimientos, pero sí serán supervisadas por el poder ejecutivo.

En ese sentido, la nueva normativa legal prevé que los títulos que compre el Estado tengan un descuento del 25 por ciento, y no del 35, si el accionista público ejerciera de forma plena sus derechos de voto en la sociedad.

Las remuneraciones de los consejos de administración y los altos ejecutivos de los bancos asistidos, además de reducirse al 50 por ciento de su media de los últimos dos años, no podrá superar los salarios medios en vigor en las instituciones crediticias estatales y el recorte se aplicará también a los bonos y premios de gestión.

Los bancos que no ejecuten las medidas comprometidas en la capitalización o creen riesgo para el éxito de la operación facultan al Gobierno a declarar un ‘incumplimiento relevante’, que le permitirá ejercer los derechos de voto de sus acciones e intervenir en la gestión ejecutiva de la entidad.