Las repetidas dificultades que enfrenta la Universidad de Puerto Rico (UPR) para implantar aumentos de matrículas, y la probatoria en la que quedaron los recintos como resultado de la huelga, son dos elementos que amenazan la salud financiera de la institución, según el informe en el que Moody’s degrada el crédito de la UPR.

Moody’s pasó juicio sobre dos tipos de créditos de la UPR, el basado en los ingresos, incluyendo matrícula, y el basado en los pagos de renta que recibe por sus propiedades. El primero quedó al borde de lo que se conoce como ‘chatarra’ (Baa1), y el segundo quedó un grado mejor (Baa2).

Pero más allá de cómo quedó el crédito ahora, llama la atención que la casa evaluadora adelanta que más fácil es que el crédito sea degradado otra vez, a que mejore.

A la vez, el informe delata que la UPR está prácticamente bajo sindicatura del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), lo cual la pone en un grupo de entidades públicas, como el Depatamento de Educación, que la Administración Fortuño ha puesto bajo el control directo del BGF. La supervisión incluye ‘informar regularmente del progreso del plan hacia la estabilidad financiera, y asistencia en la implementación del Plan de Estabilización Fiscal’.

Los dos elementos actuales que más pesan en la proyección son lo atado que está el presupuesto de la UPR al del gobierno central (75% de los fondos del sistema vienen del gobierno), y lo perdidoso que resulta para el sistema mantener operando el hospital de Carolina, a través de la corporación Servicios Médicos Universitarios. La universidad tiene deuda acumulada por $671 millones, y el hospital opera con un déficit de $61.7 millones. Moody’s tiene preocupaciones también sobre cómo la universidad supervisa la administración del hospital.

Entre los retos para mejorar su salud fiscal, Moody’s le señaló a la UPR su ‘demostrada dificultad en implementar aumentos en los cargos estudiantiles evidenciada por protestas estudiantiles en 2010 que afectaron las operaciones en 10 de los 11 recintos de la universidad por hasta 62 días, desembocando en un status probatorio en las acreditaciones de la mayoría de los recintos por un tiempo’.