Que facilitan la otorgación de contratos sin subasta y liberalizan procesos de compra. La Junta también hizo notar en una carta que la AAFAF no ha cumplir con ciertas peticiones de información relacionada a contratos municipales.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) le ha solicitado a los gobiernos municipales de Dorado, Vega Baja y San Juan información que le permita al ente fiscal saber han hecho valer una ley que la Junta le indicó al gobierno no podía implementar.

La JSF se refiere en una carta a los alcaldes Miguel Romero (San Juan), Aníbal José Torres (Dorado) y Marcos Cruz Molina (Vega Baja) sobre las leyes 141-2024 y 215-2024. La primera aumenta de $200,000 a $500,000 la cantidad necesaria como requisito para celebrar una subasta pública en toda obra de construcción o mejora pública.

Además, exime del proceso de subasta pública todo contrato que no exceda de $1 millón, siempre que exista una declaración de emergencia.

La Ley 215-2024 duplica el valor requerido de un trabajo municipal para que se necesite un proceso de solicitud de propuestas (RFP, por sus siglas en inglés) de $100,000 a $200,000 y más que triplica de $3,000 a $10,000 el valor de lo que se consideran compras pequeñas, entre otros asuntos.

Según una carta del director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica, el 21 de enero se le indicó a la gobernadora Jenniffer González y a los líderes legislativos que la Ley 141-2024 choca con las mejores prácticas administrativas y contraviene el espíritu de competencia de mercado.

“La ley 141 hace que el umbral municipal de construcción en Puerto Rico duplique los más altos entre los estados en Estados Unidos y es significativamente más alto que los umbrales para no requerir subastas en ciudadades grands como Atlanta, Nueva York y Filadelfia”, indicó Mujica al señalar que el estatuto daría paso a costos altos innecesarios, crearía escenarios de favoritismo, fraude y posible corrupción.

En cuanto a la Ley 215, la Junta le indicó a la AAFAF en junio de 2025 que violaba el Plan Fiscal al chocar con los principios de cotizaciones competitivas.

La Junta hizo notar “la falta de una necesidad demostrada para esos aumentos” y resaltó que el umbral aplicable a pequeñas compras en la Ley 215 está basado en un umbral diseñado para el gobierno federal, que no es comparable con los municipios.

Según la Junta, la Ley 215 permite que los gobiernos municipales cobren impuestos por proyectos financiados con fondos federales, lo que aumentaría el costo de estos.

Según la carta, el 9 de enero de 2026 la AAFAF les indicó que no entregaría información solicitada sobre la implementación municipal de la Ley 141. “A pesar e que la AAFAF es responsable de facilitar la comunicación entre la Junt y todas las entidades del gobierno de Puerto Rico, la Junta está comunicándose directamente con los municipios con relación a estas leyes para evitar más atrasos en el cumplimiento de los procesos aplicables bajo PROMESA…”, lee la carta.

Según la Junta, les ha llegado información de que los municipios están aprobando ordenanzas para aprovechar el texto de estas leyes.

Por lo tanto, la Junta le está solicitando a Dorado, Vega Baja y San Juan que entreguen, a más tardar el 30 de abril, récords que reflejen si han hecho valer las leyes a través de reglamentos u ordenanzas; entregar todos los contratos de mejoras públicas que excedan $200,000 y que fueran aprobados a partir del 8 de agosto de 2024 y documentos que demuestren compras en exceso de $3,000 sin subasta.

Además, subastas cuyo valor haya excedido $100,000 y que hayan sido otorgadas sin un proceso de RFP desde el 20 de septiembre de 2024.

La Junta advirtió que las dos leyes no pueden ser implementadas y que podría anular acciones tomadas al amparo de los estatutos firmados.