La medida fue radicada por los representantes Ensol Rodríguez Torres, Félix Pacheco Burgos y Ramón Torres Cruz.

Integrantes de la Comisión de Juventud y los departamentos de Justicia y Educación expresaron reservas a las intenciones del Proyecto de la Cámara 1144 que establecería como requisito que los estudiantes del sistema público de enseñanza utilicen mochilas transparentes dentro de las escuelas.

La medida fue radicada por los representantes Ensol Rodríguez Torres, Félix Pacheco Burgos y Ramón Torres Cruz.

“La medida como está redactada amerita un análisis más detenido que permita evaluar de manera integral su viabilidad, efectividad y posibles implicaciones para la comunidad escolar. En ese sentido, el departamento considera recomendable que esta iniciativa sea objeto de una discusión más amplia mediante la convocatoria de una mesa de trabajo en la que participen representantes del departamento, la asamblea legislativa, expertos en seguridad escolar y representantes de las comunidades escolares”, destacó Saraí Ruiz Maysonet, directora de política pública del Departamento de Educación.

Ruiz Maysonet sostuvo que la agencia rechaza la medida y levantaron preocupaciones como, por ejemplo, los gastos asociados.

En la exposición de motivos, los autores levantaron preocupaciones sobre la seguridad en las escuelas, particularmente por múltiples incidentes de armas blancas, armas de fuego, cigarrillos electrónicos (vapes) y sustancias controladas, entre menores de edad.

Si es aprobado, todo estudiante matriculado en una escuela pública adscrita al Departamento de Educación deberá utilizar mochilas, bultos o bolsos escolares transparentes durante el horario lectivo regular y actividades oficiales del plantel.

Durante una vista pública, la Policía de Puerto Rico, a través de un portavoz del superintendente Joseph González, expresó apoya la medida, aunque hizo la salvedad de que a Educación le correspondería someter las recomendaciones de cómo se pondría en práctica.

“La Policía reconoce que la reglamentación, implementación y ejecución de la política pública corresponde primordialmente al Departamento de Educación como agencia experta en cuanto al sistema educativo público. Recomendamos iniciativas dirigidas a los padres a modo de informar sobre los beneficios del uso de las mochilas o bultos transparentes puede representar para sus hijos dentro del entorno escolar. La Policía se mantiene disponible para colaborar en aquellas áreas donde su experiencia en materia de seguridad puede resultar de utilidad”, sostuvo el teniente Carlos Rolón.

El Departamento de Justicia reconoció que en múltiples jurisdicciones en Estados Unidos se aprobaron legislaciones similares, sin embargo, fueron detenidas en la práctica cuando se padres levantaron preocupaciones por los derechos de intimidad de los jóvenes.

“En cuanto la protección contra el registro y revisión de las pertenencias se trata un asunto tangente al derecho de la intimidad de los menores en las escuelas públicas”, dijo Ulda Lee Figueroa López, en representación del Departamento de Justicia.

“Entre los derechos de los menores que podrían verse potencialmente relacionados con la medida propuesta se encuentra la libertad de expresión. En algunos entornos escolares donde se ha implementado el requisito de mochilas transparentes, ciertos estudiantes han planteado inquietudes al considerar que esta política podría incidir en determinadas formas de expresión personal”, agregó.

En esa misma línea se expresaron los presentantes Yashira Lebrón Rodríguez, Denis Márquez y Lisie Burgos Muñiz.

“El Departamento de Justicia levanta unas preocupaciones que las comparto. Existen dudas con los elementos constitucionales planteando las restricciones a la libertad de expresión y el derecho a la intimidad. Son seres humanos que tienen derechos”, expresó Márquez.

“Aún tenemos problemas de infraestructura, de estudiantes de educación especial que no reciben las terapias, pero estamos discutiendo si ponemos mochilas transparentes en el sistema cuando tenemos múltiples problemas y es necesario hacerles justicia a los niños de educación especial. En beneficio de los estudiantes, que retiren este proyecto y nos dediquemos en hacerles justicia porque serán los pobres los que pagarían las consecuencias”, continuó.

Lebrón Rodríguez, por su parte, tampoco apoya la propuesta e hizo un llamado al Departamento de Educación para recopilar la información sobre casos e incidentes antes de considerar posibles alternativas. De hecho, reclamó la presencia de la persona encargada de la seguridad en el sistema público en una futura vista pública.  

“Estoy clara con la inquietud que pueden tener los autores de la medida. Tengo mis reservas, creo que hay ora manera que se puede trabajar la situación. Puede tener un efecto fiscal, la privacidad y la protección con la carta de derecho de nuestros niños. Podemos comenzar con tener la data”, continuó.

Burgos Muñiz, de Proyecto Dignidad, coincidió la aprobación de la ley significaría una penalidad para los padres de escasos recursos económicos.

“Hay un problema que merece atención, es cómo se atiende para que no incremente. Aunque apoyo las iniciativas de los compañeros, esto puede tener un costo para las familias y el gobierno. Puede causar muchos problemas y tengo mis reservas”, afirmó la representante.