El Senado pedía que eliminación de escoltas fuera retroactiva y la Cámara quiere que los que ya la tengan, la mantengan.

El Senado anunció, durante la sesión del miércoles, que el proyecto que busca restringir la asignación de escoltas a los funcionarios, exfuncionarios y exgobernadores será llevado ante un comité de conferencia para llegar a un acuerdo.

“La Cámara de Representantes ha aprobado con enmiendas el Proyecto del Senado 752 (P. de S. 752). Solicitamos no concurrir con las enmiendas. Solicitamos se decida un comité de conferencia”, indicó el portavoz Gregorio Matías.

La petición fue aceptada por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, quien nombró a los senadores Migdalia Padilla Alvelo, Gregorio Matías Rosario, Ángel Toledo López, Luis Hernández Ortiz, Rodríguez Costa, Eliezer Molina Pérez y Joan Rodríguez Veve como miembros del comité negociador.

Según explicó el senador Ángel Toledo López a NotiCel, al pasar revista a las enmiendas del proyecto, eran significativas. Mencionó que el aspecto más controvertido y lo que motivó el desacuerdo entre ambas cámaras fue la no retroactividad de la medida.

«Es prospectiva, no retroactiva. Mira hacia futuro. Esto implica que la ley solo aplicaría a gobernadores que hayan sido hallados culpables de delitos o hayan hecho alegaciones de culpa, como en el caso de la exgobernadora Wanda Vázquez. Los exgobernadores que ya culminaron su término seguirían manteniendo escolta bajo la normativa actual», explicó Toledo.

El proyecto P. de S. 752 original, según impulsado por el senador Juan Oscar Morales -y el cual ya había sido aprobado por la Cámara Alta en el mes de octubre y recibió el respaldo unánime de la Cámara de Representantes el pasado lunes-, proponía modificar el Artículo 16 de la Ley Núm. 83-2025, “Ley de la Policía de Puerto Rico”. El mismo establece que los exgobernadores perderán automáticamente el derecho a escolta al finalizar su mandato, salvo que exista una amenaza real y específica, certificada por el Superintendente de la Policía. En esos casos, se podrán autorizar escoltas temporales, limitadas y sometidas a revisión periódica.

Además, contempla que cualquier exgobernador o exfuncionario condenado por delitos graves o menos graves perderá de manera inmediata el derecho a protección, independientemente del foro judicial que dictó la sentencia. La propuesta recibió respaldo de legisladores de todas las delegaciones, quienes coincidieron en la necesidad de regular el uso de recursos policiales.

¿Qué pasará ahora?

Toledo indicó que, al momento, se desconoce cuándo se llevará a cabo la reunión del comité de conferencia. Aunque se espera que sea antes del cierre de sesión, programado para el 18 de noviembre. 

“Lo que corresponde ahora es que ambos cuerpos se sienten en ese comité de conferencia y discutan los puntos de incongruencias de posturas. Para ver lo que unos sostienen y lo que lo que otros defienden. Ver hasta qué punto se puede coincidir en un proyecto final. De coincidir ambos cuerpos, se prepara el documento final que contiene las concurrencias de Cámara y Senado y se pasa a la gobernadora Jenniffer González para su evaluación y firma. De lo contrario, siendo el proyecto original del Senado, tendría que seguir otro trámite”, explicó.

Según el portavoz y miembro del comité, el número de reuniones dependerá de la profundidad de las diferencias entre las partes. Si las posturas son reconciliables, el acuerdo podría alcanzarse rápidamente; si no, se requerirán discusiones más detalladas.

En el caso de que no se logre un acuerdo, el proyecto podría quedar archivado o se presentaría una nueva iniciativa, opción que retrasaría aún más la aprobación de la medida. No obstante, la expectativa sigue siendo que se logre consenso y la propuesta pueda convertirse en ley, poniendo fin a la asignación permanente de escoltas a los exgobernadores de Puerto Rico.

El tema de la protección y seguridad de exfuncionarios políticos y exgobernadores ha sido eje de controversia luego que la exgobernadora Wanda Vázquez Garced se declarara culpable a nivel federal por aceptar un donativo político del banquero Julio Herrera Velutini antes de las primarias del PNP en 2020.